Imputan al alcalde de Gójar por unos vertidos presuntamente ilegales

Según una providencia a la que ha tenido acceso IDEAL, Maldonado estaría -de forma provisional- implicado en la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El magistrado ha fijado la comparecencia del regidor del Gójar para el próximo día 18 de septiembre y recuerda al representante popular que deberá acudir a la cita «acompañado de letrado o, en su caso, avisar con al menos 24 horas de antelación para que le sea nombrado uno del turno de oficio», detalla el magistrado en su resolución.

En el escrito, el juzgado también reclama un informe a la Agencia Andaluza del Agua «acerca de las autorizaciones para efectuar vertidos de aguas residuales de la red de saneamiento de Gójar» en tres acequias del pueblo. En el supuesto de que el citado organismo no hubiera otorgado ningún permiso, el juez quiere conocer los motivos de la negativa y si se sancionó a los presuntos infractores.

'Caso Cavifer'

La imputación ha venido a complicar el futuro político de Maldonado, que ya de por sí era problemático. En este sentido, el alcalde de Gójar deberá sentarse próximamente en el banquillo de los acusados para responder de los presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias, unos cargos por los que la Fiscalía Provincial pide para él un total de dos años y tres meses de prisión, 22 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 400.000 euros de multa.

Fue el pasado mes de marzo cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Granada decretó la apertura del juicio oral, una fase del procedimiento que no tiene vuelta atrás.

Los hechos, el llamado 'caso Cavifer', se remontan a 2005, una época en la que el procesado también era el regidor de la localidad del Área Metropolitana. Según determinó en su día el ministerio público, existen pruebas suficientes para demostrar en un juicio que, presuntamente, Maldonado adoptó una serie de acuerdos para beneficiar a la empresa constructora Cavifer, de la que era administrador «mancomunado» su hermano, que también está procesado por los cargos de tráfico de influencias y un delito contra la ordenación del territorio. En la causa figuran otras dos personas, el secretario habilitado del Ayuntamiento J. M. L. R., que está acusado por posible prevaricación y se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público, y el aparejador municipal P. M. O., para el que el fiscal reclama, por prevaricación urbanística, un año y medio de prisión, y ocho años de inhabilitación.

En 2005, Cavifer, según el relato de la fiscalía, planeó edificar 19 viviendas en una finca de su propiedad ubicada en una calle de Gójar que tenía la calificación de suelo urbano «no consolidado» y que «estaba afectada por el trazado de un viario público de carácter local». Dichos condicionantes suponían que la empresa debía ceder gratis «gran parte» de la parcela al Ayuntamiento. Según el ministerio público, fue entonces cuando, «influido por su hermano», intervino el alcalde «con el fin de que este pudiera construir muchos más metros de los permitidos y no se viera obligado» a dar terreno al municipio.