Los propietarios de 76 parkings reclamarán por una subida fiscal indebida

La resolución del Alto Tribunal no solo hará que Madrid tenga que reducir el IBI de los parkings sino que, al sentar jurisprudencia, puede tener efectos sobre los ayuntamientos de una larga lista de grandes ciudades españolas que han mantenido los mismos criterios, entre ellos Granada.

Así lo defiende la Asociación de Constructores de Granada, que tiene a los grandes parkings entre sus asociados a su sección de Movilidad, y les está prestando asesoría jurídica para reclamar las cantidades cobradas, supuestamente de forma indebida en sus recibos desde 2019, cuando comenzaron a verse gravados con un tipo diferenciado de IBI superior. En Granada, según los datos de esta asociación, son 76 los afectados, entre ellos las empresas propietarias o gestoras de los parkings más grandes de la ciudad, desde La Caleta, hasta Puerta Real, San Agustín o el de la Antigua Alsina en Camino de Ronda, pero también aparcamientos de edificios residenciales o urbanizaciones que no tienen hecha la división horizontal y abonan el IBI en un recibo único.

El asunto es complejo y tiene en su origen en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que permite a los ayuntamientos aplicar diferentes tipos impositivos, en función del uso y destino del bien inmueble.

Los ayuntamientos pueden así establecer un gravamen especial al 10% de los bienes de mayor valor en estas distintas categorías como hoteles, edificios industriales, centros comerciales... pero, según esta sentencia del Supremo, la subida no estaba correctamente aplicada para los parkings, que no tenían un epígrafe específico dentro de los usos definidos en la normativa catastral.

«En Granada, el Ayuntamiento aprobó en el segundo semestre de 2018 la subida del tipo diferenciado del 0,7 hasta el 1%, lo que se tradujo en aumentos del recibo del IBI del 43%», resume el gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, Francisco Martínez Cañavate.

La asociación fue muy crítica con esta subida fiscal, «arbitraria e injusta aprobada entonces por el gobierno municipal socialista pero que entró en vigor ya en 2019 con el PP y Ciudadanos» por entender que restaba competitividad a las empresas.

Ahora se aferran a la sentencia del Supremo y están asesorando a sus asociados, con el apoyo de Hispacolex Bufete jurídico, para que inicien las reclamaciones ante el Ayuntamiento. Los cálculos de la asociación es que el impacto ascendería a unos tres millones de euros entre todos los afectados. «En su día denunciamos la situación de indefensión creada ante una subida inusualmente alta del 43% en el pago del IBI y esta sentencia abre la puerta a recuperarla, aunque lamentablemente solo es aplicable a los aparcamientos y no a hoteles y resto de inmuebles gravados de forma desproporcionada», subraya Martínez Cañavate.

Por parte del Ayuntamiento de Granada, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, José Antonio Huertas, enmarca la entrada en vigor de la medida en las ordenanzas fiscales aprobadas en otoño de 2019 por el gobierno de PP y Ciudadanos y cuestiona las cifras aportadas por la ACP.

Huertas señala, en todo caso, que en estos momentos se están analizando los efectos de la sentencia de forma conjunta desde el catastro junto a los técnicos de Economía y Hacienda y de Gestión Tributaria del Ayuntamiento para determinar si tiene o no incidencia en las ordenanzas municipales.

«Es una cuestión técnica, puede que la incidencia sea ninguna y si por el contrario se determina que afecta, habría que modificarlas para revisar a la baja el IBI de los parkings y compensar a los que reclamen a través de los futuros recibos», concluye.