Turismo en Granada

Grandes capitales prohíben pisos turísticos en bloques de vecinos y barrios saturados

Su testimonio es el ejemplo más cercano de un fenómeno que se está repitiendo en todo el país y aún más allá, a nivel global. Desde hace algo más de una década, con el surgimiento de los portales web de alquiler y la conversión de viviendas residenciales en apartamentos turísticos, las malas prácticas y la falta de una legislación clara está provocando un enorme problema que afecta principalmente a las zonas históricas de las ciudades, pero que cada vez más se extiende, como una mancha de aceite, a otras áreas de interés, como las comarcas costeras o los pueblos patrimoniales.

Las quejas tanto del sector hotelero, que denuncia el desequilibrio a la hora de competir con viviendas que, en algunos casos, no están registradas como de uso turístico, como de los residentes está empujando a las ciudades a una 'cruzada' para poner coto al fenómeno. Consistorios como los de Barcelona, Palma de Mallorca o Cádiz fueron pioneros en un camino que ahora siguen urbes como Granada, Málaga, Madrid, Valencia, Sevilla o Las Palmas. Las 'armas', como en todo, son diferentes. Desde prohibiciones a moratorias, pasando por un endurecimiento de las condiciones para la concesión de licencia o el refuerzo de las inspecciones. Todo para poner en orden un panorama que, según denuncian los albaicineros, parece el Salvaje Oeste.

Las primeras medidas tomadas por Madrid fueron hace dos mandatos, cuando aprobó una reforma que obligaba a los nuevos pisos turísticos a tener un acceso independiente desde la calle para reducir el impacto de la actividad sobre el resto de residentes.

Ahora, cinco años después, con otro equipo al frente, acaba de dar un paso más tras constatar el alcance de las viviendas turísticas ilegales ubicadas en la ciudad, que alcanza a más del 90%. Hace solo unos meses, el Consistorio anunció una moratoria de nuevas licencias que, pocos días después, se vio complementada con un plan de choque de pisos ilegales. Entre otras acciones, el programa aprobado incluye el refuerzo de los inspectores dedicados a la vigilancia de este tipo de residencias enfocadas a este uso y el aumento de la cuantía de las sanciones, que se han multiplicado por diez.

La ciudad está enfocando la acción en la falta de registro de las viviendas vacacionales, motivo por el que está promoviendo medidas para destacar la presencia de las legales. Una de ellas es la creación de un listado de alojamientos que sí cumplen con las normativas.

Barcelona fue la primera ciudad en poner coto a las viviendas turísticas. Ocurrió en 2014, cuando el Ayuntamiento congeló la concesión de nuevas licencias. La moratoria se mantuvo en los años siguientes hasta que en 2018 se aprobó un plan urbanístico que impide abrir nuevos establecimientos de este tipo.

Una de las consecuencias fue el aumento de viviendas vacacionales ilegales. El Consistorio aprobó entonces diferentes acciones para controlar la situación y castigar a quienes no respetaban la normativa. Rastreo de plataformas web, inspecciones y abogados para agilizar las denuncias son algunas de las herramientas que emplea la Ciudad Condal para atajar el problema. A eso se suman sanciones que han llegado en ocasiones a superar los 400.000 euros a los propietarios reincidentes, pero que han tocado incluso a webs como Airbnb, a la que se multó con 600.000 euros en un caso que está todavía pendiente de resolución judicial.

Valencia, como Granada, es otra de las urbes que está empezando a mover ficha para poner coto al fenómeno. Esta última semana anunció la suspensión cautelar de licencias para pisos turísticos, una medida que afectaría únicamente a los negocios de este tipo ubicados en comunidades de propietarios y bajos comerciales. Eso excluye los edificios que están dedicados por completo a este uso.

Aunque previamente existía una limitación sobre parte del Casco Histórico, la nueva suspensión extenderá la medida a todos los barrios de la capital. El plazo de vigencia será de un año prorrogable a otro más.

En marzo, el Ayuntamiento de Sevilla anunció una iniciativa para limitar las viviendas turísticas en el Casco Histórico. Tras comprobar que en algunos de los barrios céntricos el número de este tipo de negocios alcanzaba porcentajes especialmente elevados y superaba el 50% del total de alojamientos turísticos, el Consistorio suspendió la concesión de nuevas licencias en las zonas saturadas, que alcanzaban un total de once.

Se trata de zonas monumentales, como Santa Cruz, Arenal o Alfalfa. Además, abrió un periodo de revisión de las ya otorgadas para decidir sobre las mismas. La idea sobre la que trabaja la capital hispalense es limitar a un 10% máximo el número de pisos vacacionales sobre el volumen total de viviendas en cada barrio.

Málaga acaba de dar pasos para el control de los pisos turísticos. Hace apenas unos días, el alcalde, Francisco de la Torre, anunció la congelación de nuevas licencias. El Consistorio de la Costa del Sol ha decidido poner el foco en el tipo de acceso a la vivienda para determinar si concede o no permiso para que puedan realizar un uso distinto al residencial.

Así, la orden expresada por el regidor es que no se aporten nuevas licencias salvo para aquellos residenciales que cuenten con un acceso diferenciado al del resto de vecinos del bloque.

La capital balear cuenta con una de las restricciones en vigor más potentes del país desde hace años. Su origen hay que buscarlo en 2018, un año después de que el Gobierno balear aprobase una ley que dejaba en manos de los consistorios la potestad de regular este fenómeno. El Gobierno de la ciudad aprobó entonces una iniciativa que impedía el uso turístico en las viviendas plurifamiliares en todo el casco urbano y abría la puerta exclusivamente a que este tipo de negocios pudieran eestablecerse en unifamiliares aisladas. La normativa fue duramente contestada por el sector, que lo llevó a los tribunales. Sin embargo, el Supremo falló el año pasado a favor de los intereses del Ayuntamiento en una resolución que podría dictar el camino de otras ciudades del país.

La ciudad solicitó en abril la declaración como zona tensionada al Gobierno de Canarias. Esta medida permitirá al Consistorio regular los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda. Previamente, el Gobierno autonómico publicó un anteproyecto de ley que ordenará el uso turístico de viviendas. Este texto endurece las condiciones para otorgar licencia.

Por ejemplo, los pisos deberán tener más de 10 años, una superficie mínima de 39 metros cuadrados y un máximo de ocho plazas. Necesitarán tomas de corriente para recargar vehículos libres de emisiones. Deberán tener autorización expresa de la junta de propietarios. Las plantas bajas no podrán pasar de uso comercial a vivienda vacacional. En las plantas superiores no podrá haber una vivienda de este tipo si existe abajo otra de uso residencial. Los bloques no podrán tener más de un piso turístico por cada 10 viviendas habituales.

Cádiz fue una de las primeras ciudades del país en limitar las viviendas turísticas. En 2022, durante el mandato anterior, tras constatar el avance de este tipo de negocios, aprobó una modificación del Plan General para limitar los pisos turísticos. Dividió la urbe por zonas y prohibió este modelo en el casco histórico salvo en los casos en los que se empleasen edificios completos con baja protección. En la zona de extramuros autorizó que se pudiesen establecer, aunque únicamente cuando se ubicasen en las plantas baja, primera y segunda. Durante los años siguientes, el Consistorio además investigó el número de viviendas de este tipo ilegales. Constató que había 277 sin registrar en 2023, lo que motivó que trasladara la situación a la Junta para su suspensión. En marzo, un estudio realizado cifró en 2.500 los pisos turísticos.