«Se está produciendo, fuera del despacho del juez, un importante atoramiento»

En el juzgado de Montse Peña, magistrada de lo civil, se está produciendo «una importantísima suspensión de todo lo que son juicios, señalamientos, comparecencias...» por la ausencia de gran parte de su plantilla. Eso tiene una consecuencia inevitable: «Obviamente, no podemos dictar sentencias o resoluciones que pongan fin a esos procedimientos». Asimismo, da fe de que está prácticamente parada la admisión a trámite de demandas nuevas y la tramitación de los distintos procedimientos que ya se habían iniciado. «Se está produciendo, fuera del despacho del juez, un importante atoramiento», advierte. Por eso, el día que acabe la huelga, «los procedimientos que están parados generarán una avalancha de trabajo para los jueces y los LAJ». En su órgano, ya se han suspendido unos 70 juicios. «La situación es bastante preocupante».

«No somos conscientes realmente de la verdadera dimensión del problema y de los estragos que esto está ocasionando tanto a los ciudadanos como a los profesionales». El penalista Solimán Ahmed es uno de los abogados que a diario acude a los juzgados y sufre las suspensiones de juicios y otros actos procesales. «En torno a un 85-90% de los juicios se están suspendiendo y los que no son por conformidad», señala, a la vez que asevera que los paros están afectando también a las causas con preso. «He tenido una persona que llevaba esperando un juicio cinco años y que va a tener que esperar un tiempo indeterminado. ¿Qué le dices tú a ese cliente?», expresa. «Nos vamos a encontrar una situación agónica», pronostica este jurista, que cree que si no hay fin «el sistema se cae».

Los procuradores, que son los representantes procesales de los ciudadanos en los procesos, tienen un régimen de trabajo muy estricto: plazos, señalamientos... «Si te quitan eso estás perdido, como pez fuera del agua», asegura Juan Jesús Ruiz, tesorero del Colegio de Procuradores, para desvelar que su colectivo, acostumbrado a cumplir, está viviendo una situación «tremenda». «¡Esto es caótico!», exclama. Se queja de que no se les está avisando de las suspensiones. Sólo lo está haciendo «un uno por ciento de los juzgados». En Granada hay unos 300 procuradores, de los que alrededor de 250 operan en la capital. La huelga también repercute en sus bolsillos, pues el cobro de su trabajo depende de que lo terminen. Antes sí solía haber provisión de fondos al inicio, pero el procurador casi siempre tiene que cobrar cuando finaliza el pleito. «Y si tarda un año, eso hay que esperar».

José Manuel Rodríguez trabaja en el Juzgado de Primera Instancia 2. Es uno de los funcionarios en huelga para que se reconozcan sus funciones y en consecuencia se aumenten sus retribuciones entre 350 y 400 euros. «Este es un Gobierno plenamente en funciones y puede negociar si tiene disposición. No entendemos que después de alcanzar un acuerdo con jueces y LAJ, a nosotros nos dejen aislados. Nos sentimos ninguneados», subraya. Ensalza los perjuicios que se están causando a los trabajadores y a la ciudadanía. En su juzgado, «hay ya entre 750 y 800 demandas sin incoar, y detrás de esos papelitos hay intereses de ciudadanos. También hay unos 3.000 escritos pendientes de proveer». Están parados un sinfín de litigios y ejecuciones de sentencia. «Si tengo una sentencia y no se ejecuta, la puedo poner en un marco».