11.000 peticiones de ingreso mínimo vital están atascadas por falta de personal

CCOO, UGT y CSIF coinciden en el diagnóstico y sus cifras, mientras que el director provincial del INSS, Pablo García, defiende los esfuerzos de la administración para facilitar varios canales de información y tramitación. Reconoce, no obstante, que estos procedimientos requerirán tiempo, por el aluvión de solicitudes y «la situación epidemiológica y social excepcional derivada de la pandemia». Tranquiliza a los ciudadanos: la solicitudes presentadas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre tendrán efectos económicos desde el 1 de junio si son aprobadas.

El INSS aún no aporta cifras sobre el número de expedientes que se han resuelto, ya sea a favor o en contra. Se remiten al dato del mes de junio, cuando 3.364 familias en situación vulnerable ya identificadas por la administración empezaron a cobrar 'de oficio' la ayuda, que en el caso de adultos que vivan solos y cumplan todos los requisitos es de 462 euros al mes. En total son 11.000 los beneficiarios de esos 3.364 ingresos. Nada se sabe aún sobre las alrededor de 11.000 solicitudes recibidas en el último mes. Las fuentes consultadas por IDEAL –sindicatos, trabajadores sociales, solicitantes– apuntan a que la mayoría no se han resuelto.

El secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, compara la situación del INSS y el IMVcon la del SEPEy los ERTE. «Hay un colapso importante en la tramitación de solicitudes de la nueva renta mínima ante la avalancha de peticiones». También habla de una plantilla «bajo mínimos». En Granada hay unos 260 efectivos y los sindicatos coinciden en que el equipo se ha reducido más de un 20% en los últimos diez años: hay un 26% de vacantes sin reponer y el personal tiene una media de edad de 55 años. De estos, apenas el 20% se dedica a la tramitación del IMV, que supone 45 minutos por cada solicitud.

Esto no sólo afecta a la depuración de los ingresos mínimos, sino a expedientes de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidades. «Se está produciendo una sobreacumulación de trabajo para el mismo número de funcionarios y esto va a derivar en problemas que van a acabar afectando a otras entidades, como Tesorería o Gerencia Informática». Critican además que los trabajadores no han recibido medios materiales ni formación suficiente.

Desde CC OO consideran que el IMV «ha sacado los colores a la administración general del Estado, poniendo el foco en la falta de personal».

«No se ha aumentado ni un solo efectivo en la provincia de Granada. Hace falta un refuerzo estructural», explica Soledad Serrano, responsable provincial del sector de administración general del Estado de CSIF.

Los sindicatos reclaman mecanismos de colaboración para facilitar la «tediosa tarea de recopilar la documentación necesaria y su posterior tramitación telemática». La dirección del INSS sostiene que ha trabajado para implementar procedimientos de trámite para hacerlo eficiente, con formación específica a los profesionales e incluso a los ayuntamientos para unificar las características del certificado de empadronamiento. También se ha realizado un plan de intensificación fuera del horario laboral en el que participan más de 50 funcionarios del INSS.

Sin embargo, los requisitos de documentación y la dependencia de otras administraciones complican el procedimiento. Sucede, por ejemplo, con los certificados de empadronamiento. La cita para obtenerlos en las oficinas municipales de la capital se demoró en un principio durante más de una semana. Otras fuentes aseguran que el Consistorio tarda «hasta cinco semanas» en emitir el certificado histórico de padrón. Ahora, INSS y ayuntamientos comparten esta información sin necesidad de que sea el ciudadano quien la solicite.

Está previsto que el INSS establezca convenios de colaboración para que las oficinas de las comunidades autónomas y las entidades locales puedan iniciar los expedientes de la prestación económica no contributiva. Por ahora, el Ayuntamiento no tiene novedades sobre esta posibilidad, así que hay cuatro canales para presentar la solicitud. Los dos primeros son electrónicos, con o sin identificación mediante certificado o clave. Por otro lado, está la opción de enviarla por correo postal. Y también presencialmente, en los centros de atención e información –11 en toda la provincia– que atienden con cita previa. El problema, señalan los trabajadores sociales consultados por este periódico, es que conseguir cita es «prácticamente imposible».

En este contexto, CCOO Granada calcula que entre el 75 y el 80% de las solicitudes registradas «falta documentación, sobre todo por los datos de empadronamiento, que han de ser específicos a nivel colectivo e histórico».

El director provincial del INSS insiste en que los solicitantes comprueben que realizan el trámite de forma correcta para no incrementar los tiempos de tramitación. «El hecho de que hayamos facilitado variadas vías de acceso tiene como contrapartida que muchas solicitudes tienen carencias como la falta de firma de la solicitud, no acreditación de la identidad o falta de documentación básica».

El Ministerio de Inclusión recuerda que la solicitud debe estar firmada por todos los componentes de la unidad de convivencia. Es necesario presentar identificación (DNI, NIE y otros documentos acreditativos) y certificado de empadronamiento histórico colectivo. El INSS puede recabar electrónicamente el resto de datos necesarios –los tributarios, por ejemplo– a otros organismos.

Rellenar esta solicitud –11 páginas– y presentarla telemáticamente es para muchos hogares entrar a un laberinto de números, formularios y registros. «Un porcentaje muy elevado de las familias que pueden acceder a estas ayudas o carecen de Internet o no tienen ordenador, lo que ha impedido la tramitación telemática y que a su vez está provocado un retraso en las adjudicaciones, ya que tampoco hay personal suficiente para atender todas las llamadas telefónicas ni para hacer frente a la atención presencial», señala Juan Francisco Martín.

Desde la secretaría de Empleo de CC OO, Clara Castarnado explica que los propios sindicatos están echando una mano en sus sedes y con sus medios a familias que llaman para pedir ayuda. Ella ha atendido a unas 25 personas. «Las oficinas no están resolviendo, no dan citas o llaman al teléfono y no se lo cogen», relata. Sobre todo ha recibido peticiones de hogares del Cinturón.

Más de 850.000 hogares de todo el país recibirán el ingreso mínimo vital. Como sucede en Granada, otras oficinas provinciales del INSS –como las de la Comunidad Valenciana– empiezan a alertar del bloqueo en las solicitudes. Temen que las ayudas no lleguen a tiempo en lo más crudo de la crisis.