«Lo primero que me preguntó Juana Rivas tras conocer el indulto fue cómo quedaba la patria potestad de sus hijos»

Juana Rivas se encuentra en un régimen de semilibertad controlado por el Centro de InserciónSocial, CIS, de Granada. Hay, al menos, dos días que pasa sin acudir al centro y que los utiliza para trabajar en un taller de artesanía –bautizado con el nombre del Baúl de Juana– donde elabora pequeñas piezas artesanas para venderlas y sufragar parte de los gastos originados por todo este procedimiento judicial. El resto de las aportaciones son de particulares, así como las procedentes del movimiento feminista de Granada, y del servicio municipal de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena. «Juana Rivas solo ingresa el salario de inserción dirigido a las mujeres maltratadas y no tiene más ingresos, por ello es de agradecer las aportaciones económicas que llegan de forma altruista», apunta su asesora jurídica, Francisca Granados.

Juana Rivas se enfrenta mañana en Italia al juicio por la custodia de sus dos hijos y su asesora jurídica ha comunicado que pedirá la custodia exclusiva de los dos menores. Francisca Granados, responsable del asesoramiento jurídico del centro municipal de la Mujer de Maracena, informó ayer de que Juana Rivas tiene presentadas en los juzgados de Italia seis denuncias de maltrato de su expareja hacia sus dos hijos y ninguna de ellas ha sido archivada. «Disponemos de informes de la sanidad pública donde se habla de maltrato hacia estos menores».

Granados defendió la petición de solicitud de la exclusividad de la patria potestad de los dos menores en base a las denuncias e informes donde presuntamente se describen situaciones de maltrato hacia los menores.

El abogado Carlos Aránguez, en la misma comparecencia pública desde el centro municipal de Atención a la Mujer de Maracena, confirmó ayer la presentación de la solicitud para finiquitar la condena de diez meses de cárcel que aún le queda por cumplir a Juana Rivas, la madre de Maracena a quien se le ha otorgado un indulto parcial rebajando su condena por sustracción de menores de dos años y medio a quince meses, así como la suspensión de la inhabilitación de la patria potestad. «Se dan todas las circunstancias para que se lo concedan después de que haya abonado ya 12.000 euros a su expareja, de que haya hecho los talleres en el CIS (Centro de Inserción Social) y de que no tenga antecedentes», advierte Aránguez.

El letrado de Rivas dejó claro ayer que «recurrirán» a instancias judiciales superiores siempre y cuando el Juzgado de lo Penal 1 de Granada le deniegue la solicitud para finiquitar la condena al completo. «Ella actuó negándose a entregar a sus hijos en un principio para protegerlos, pero sin ánimo de desprecio hacia la justicia».