La presunta estafa del empresario que denunció a Alvise afecta a Granada

Romillo, conocido en redes sociales como LuisCryptoSpain, podría haber cometido un fraude con inversiones en criptomonedas. La sociedad, que prometía rentabilidad de entre un 30% y más de un 50% anual a sus inversores, operó durante un año y medio sin ningún obstáculo pese a las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en mayo y junio de 2023 hizo público que la red no estaba autorizada para realizar «actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva» y calificó el asunto de chiringuito financiero.

Romillo, que no puede intervenir su patrimonio porque lo ha puesto a disposición judicial, y sus socios tenían vínculos con Granada a través de cuatro sociedades o grupos de inversión: Dos Huevos Fritos SL (La Castellana), Negro Carbón SL (vinculado al bar La Revolera), Negro Carbón Premium SL–con dos restaurantes en Albaicín y calle Neptuno – y Wanderstay SL (Hotel Colon y Restaurante La Casual). La trama supone un quebradero de cabeza para los 54 empleados de hostelería vinculados a estos establecimientos.

La Castellana y la plantilla del Hotel Colon ven su futuro incierto. En el bar de Ganivet los 13 trabajadores acuden a su puesto por inercia. Esta semana se les comunicó, verbalmente y no por escrito, que podían abandonar su empleo libremente. Este mes no percibirán su salario, pero si no acuden a trabajar se arriesgan a que los empresarios consideren su ausencia como una baja o despido voluntario y afecte a sus prestaciones.

«Nos quedamos sin productos que vender. Tenemos solo un barril de cerveza, unos cuantos refrescos y un poco de género en la nevera que se terminará esta semana. Le explicamos a nuestros clientes la situación cuando nos piden algo que no tenemos», comenta a IDEAL con resignación R.G, empleado.

Algunos trabajadores llevan en la plantilla cerca de 20 años. El supervisor y los inversores que se hicieron con la gestión del restaurante se «han desvinculado», según la versión de los empleados.

Los afectados ya se han puesto en manos de un abogado. Además, han dado parte a Inspección de Trabajo para que tome cartas en el asunto, poder así recibir la baja de su puesto de trabajo y tener derecho a paro.

En el hotel Colon y el restaurante la Casual recibieron el martes malas noticias. En total, 22 empleados atienden las mesas y las 32 habitaciones. En junio de 2023 pasaron a manos de la sociedad Wanderstay SL, que les subrogó las condiciones anteriores. La mayoría de los trabajadores, que prefieren mantener el anonimato para no empeorar su situación, llevan una década en el establecimiento. El asesor financiero del alojamiento les ha comunicado que el hotel y el restaurante tienen económicamente garantizada la supervivencia al menos hasta final de año, siempre en versión de los afectados.

En el restaurante Negro Carbón del Albaicín se emplean seis personas, que rechazan prestar su testimonio, aunque apuntan que la actividad del restaurante continuará. En la misma línea, los trabajadores de La Revolera, con una plantilla de seis personas, afirman que seguirán abiertos. Por último, Negro Carbón Neptuno, formado por un personal de 7 empleados, señalan que, por ahora, el restaurante presta servicio y que la plantilla se mantiene con lo que genera el local. Ningún sindicato cuenta con representación legal en los locales.

Los despachos de abogados Zaballos y Aranguez han presentado sus respectivas denuncias a la Audiencia Nacional. De acuerdo con Francisco Jiménez, director general, y Emilia Zaballos, presidenta de Zaballos, la red empresarial suma 26 sociedades relacionadas con ocho personas jurídicas. A la espera de que se abra investigación, 250 personas se han incorporado a la denuncia de Zaballos y en los próximos días lo hará otro centenar. «El entramado es enorme y hemos solicitado el secreto de las actuaciones. Tienen afectados en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal o Hispanoamérica», comentan.

Por su parte, Carlos Aranguez señala que el grupo había diversificado sus finanzas en negocios de automoción, lujo, seguridad u hostelería. Aranguez, que denunció a Romillo por intrusión laboral, celebra que la Fiscalía haya solicitado que investigue los hechos. Presuntamente, la sociedad habría estafado 600 millones de euros a más de 2.000 inversores.

Este medio ha contactado con Francisco Miranda, defensa del empresario Álvaro Romillo. Destaca que han pedido a la Audiencia Nacional que designe a un administrador judicial a fin de evitar la quiebra de los negocios. «El tribunal deberá decidir ahora si mantiene a los gerentes o designa nuevos que, en todo caso, estarán controlados por la administración», explica. IDEAL se ha dirigido por escrito a sociedades presuntamente afectadas en Granada sin haber obtenido todavía respuesta.