La Policía tiene pendiente el desalojo de tres casas de 'okupas'

El primer caso es el de las naves de Villa Pineda, esqueletos abandonados de la antigua Campsa en una zona cuya urbanización ya está desbloqueada. El Ayuntamiento tenía previsto derribarlas, por el peligro que suponen, pasando la factura de estos trabajos a los propietarios de los inmuebles.

El 18 de diciembre estaba previsto el desalojo en este solar entre Camino de Ronda y La Chana. Stop Desahucios y más de medio centenar de personas frustraron esta operación, que habría dejado sin techo a más de medio centenar de inquilinos que, según denunciaron, no tenían ninguna alternativa habitacional. Los trabajadores municipales y los de la empresa contratada para limpiar y derruir estas naves se tuvieron que marchar al carecer de orden judicial para ejecutar el desahucio. Como pudo comprobar IDEAL el pasado martes, los ocupantes de las naves siguen allí.

El segundo de los espacios es una pequeña vivienda, con todas las ventanas y puertas tapiadas, frente a la sede de la Cámara de Comercio, en la calle Luis Amador. Pese a los muros de ladrillo, en uno de los laterales del inmueble hay un pequeño hueco por el que entran a cobijarse del frío.

Por último, los agentes locales han detectado de nuevo la presencia de okupas en el cortijo La Nocla. A orillas de la Ronda Sur hay varias chabolas levantadas entre montones de basura y escombros. El movimiento es constante en la zona: no es difícil ver hogueras por la noche y una furgoneta cercada por los muros de la que fue casa rural y de recreo durante la época musulmana. De aquellos años casi no quedan ni las ruinas, que apenas pueden abrigar a quienes residen allí.

La Nocla es de titularidad pública, propiedad del Ayuntamiento de Granada (un 85%) y del Arzobispado, y está protegido por su valor histórico. En 2015 hubo un incendio que dañó al inmueble, y del que el grupo municipal de IzquierdaUnida culpó al equipo de gobierno, que a juicio del concejal FranciscoPuentedura no actuaba para conservarlo. El fuego no ahuyentó a las personas sin hogar que vivían en el cortijo, que meses más tarde volvió a estar habitado. Los de Villa Pineda, la Ponderosa o La Nocla no son los únicos casos de okupaciones de naves y solares en los últimos años. El derribo de las antiguas cocheras de Transportes Rober en la avenida de Dílar, en abril de 2019, puso punto y final a las quejas vecinales por la presencia de okupas que, según los residentes de los edificios cercanos, ponían en peligro el inmueble y los colindantes. Allí había basura, restos de incendios, e incluso llegaron a entrar con vehículos en el recinto para hacer trompos en la explanada.

Unos meses más tarde, en diciembre de 2019, tuvo lugar el desalojo de los okupas que vivían en la antigua caseta de Adif junto a la carretera de Málaga. Allí se refugiaron algunas de las familias que fueron expulsadas de La Azucarera, Bien de Interés Cultural (BIC) abandonado en el barrio de Bobadilla, unos días antes. Se quedaron sin hogar y sin posibilidad de reinstalarse en el mismo lugar, protegido ahora por un muro.

Si se echa la vista aún más atrás, a los años 2007 y 2008, el historial de desahucios es más amplio. 200 agentes expulsaron del cortijo de Las Angustias a okupas que quedaron en la calle, pues sólo se les realojó en albergues y pensiones durante unos días. En otro punto del Zaidín, el colegio '28 de febrero', había otras 18 personas sin hogar que fueron expulsadas del inmueble. En el cuartel de Automovilismo, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de los pisos militares, después de las denuncias vecinales por ruidos, insalubridad, robos y peleas en la zona. Algo similar sucedió en el Estadio de la Juventud, en el que intervino la Policía Autonómica por orden judicial para facilitar el derribo de la antigua instalación deportiva.