Policía Nacional pide información laboral a Cetursa sobre un exdirectivo

La Cámara de Cuentas emitió un informe en el año 2017 advirtiendo de que Cetursa, en 2015, ya estaba obligada a cumplir la ley que regula los salarios de los cargos públicos y que afectaba a directores y subdirectores de entes públicos, medidas que se tomaron para garantizar el equilibrio financiero de las administraciones, en este caso de la Junta. En 2014 se adaptaron los salarios a esta normativa, pero dos meses después, se hizo un nuevo organigrama en el que las direcciones y subdirecciones se convirtieron en «áreas» y sus responsables, en jefes de las mismas.

La Cámara de Cuentas señaló en su informe que «los cambios operados en el organigrama podrían no obedecer a una mejor gestión empresarial sino a la necesidad de salvar lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno y en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, evitando así la reducción de retribuciones del personal directivo, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos». Por aquel entonces, el responsable de la Organización y Finanzas de la empresa que gestiona la estación de esquí es el ahora investigado.

Directivos de Cetursa devolvieron como medida cautelar en 2018 un total de 59.302 euros de lo cobrado, tras el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las cuentas anuales consolidadas de 2015, en el que aludía a una posible vulneración de la normativa aplicable en las retribuciones y los cambios efectuados en su organigrama. Así constaba en una respuesta del entonces consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier Fernández a la pregunta escrita del que sigue siendo parlamentario andaluz de Podemos David Moscoso.

Por otro lado, Fiscalía de Granada archivó el pasado año la denunciado formalizada por una sección sindical contra Cetursa al considerar que no existen delitos penales en el informe de la Cámara de Cuentas de 2017. La denuncia interpuesta por una parte del comité de trabajadores contra la dirección de Cetursa quedó archivada al no encontrar «delitos penales», aunque la causa, se advirtió por aquel entonces, podría continuar en una vía social o en el Tribunal de Cuentas. Parece ser que esas otras vías han tomado fuerza y han impulsado la nueva vía de investigación abierta.

El grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional no ha efectuado ningún registro enCetursa ni ha detenido a nadie ni siquiera ha citado a ninguna persona a declarar, por lo que en un principio todo apunta a que la investigación está abierta desde hace poco tiempo.

Todo ello llega en medio de un conflicto enquistado entre 283 trabajadores y la dirección de Cetursa que les obliga a devolver un dinero, supuestamente cobrado de forma indebida y vinculado al concepto de antigüedad. Un conflicto laboral derivado también del informe de la Cámara de Cuentas emitido en 2017 y cuyo transfondo se basa en si los trabajadores se deben regir por el Convenio de Cetursa o por la normativa del personal laboral de la Junta de Andalucía. La investigación ha puesto el foco, de momento, en el que era desde 2010 hasta 2017 director de Finanzas y Organización de Cetursa.