Dos familias con hijos ocupan un edificio en el Centro

La ciudad fue escenario de un conflicto que tiene que ver con dos formas de entender la realidad. La que considera que la prioridad debe estar en el derecho a una vivienda digna y la que defiende la primacía de la propiedad privada. Como telón de fondo, dos familias y siete críos.

Hasta llegar a la escena del bordillo hay que retrotraerse al pasado 20 de enero. Un brote de covid en un alojamiento municipal en el que residía al amparo de Servicios Sociales hizo que una de las familias abandonara voluntariamente las instalaciones.

Junto a otra y un número indeterminado de personas se instalaron en un edificio de la calle Lepanto, la antigua sede de Emuvyssa. El inmueble perteneció al consistorio hasta julio pasado, cuando lo adquirió por 1,4 millones de euros la Fundación San Francisco Javier y Santa Casilda, una entidad dedicada a la asistencia y tratamiento de enfermos de cáncer en la que participan representantes de altas instituciones como la Universidad de Granada o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según el relato de la Policía Local, la presencia de las familias no fue advertida hasta la mañana de ayer, cuando recibió un requerimiento de que se estaba produciendo la ocupación. Los agentes se personaron y en el interior había cinco adultos. Los niños estaban en otro lugar. De acuerdo a lo señalado, varias de las personas abandonaron el inmueble a petición de los efectivos. No lo hizo una de las madres, que insistió en que residía allí y que había menores de por medio. La versión de las familias es distinta. Aseguraron que llevaban días en el interior y que la actuación policial fue «ilegal» porque no había orden judicial, un requisito que es obligatorio por ley cuando no se interviene en el transcurso de la entrada.

La Policía Local, que paralizó la intervención al tomar testimonio y comprobar que no se podía confirmar que el acceso ilegal estuviera ocurriendo en ese momento, solicitó la presencia de Servicios Sociales para abordar una solución. Una trabajadora del área, la responsable del Centro de Servicios Sociales de la zona Centro, ofreció a los ocupantes regresar a las dependencias que habitaban o alojarles en una pensión temporalmente. La propuesta, sin embargo, fue rechazada. La familia que estaba dentro requería una solución «definitiva», una vivienda. En el exterior, mientras tanto, se concentraban miembros de la otra familia, con los siete niños, y un grupo de personas que apoyaban sus reivindicaciones.

Tras el mediodía, Servicios Sociales ofreció a los ocupantes una alternativa distinta, que los hijos, cinco de los siete niños, entraran en el edificio para recomponer la unidad familiar. Mientras, proponía buscar una solución diferente a la otra familia implicada en los hechos. En el transcurso de esas conversaciones, se personó en el lugar la Policía Nacional. Los agentes desalojaron la entrada al edificio, donde estaban familiares y activistas que se habían limitado a corear consignas antidesahucios. Este periódico fue testigo de la maniobra, que se vivió con gran tensión.

Pasada la situación, las negociaciones continuaron hasta que al filo de las seis de la tarde, la última propuesta municipal fue aceptada y se permitió el acceso al inmueble de los hijos de una de las familias. La otra permaneció fuera en las cercanías a la espera de que les atendiera personal de Servicios Sociales, que se desplazó al lugar. Los efectivos policiales se marcharon poco después.

La concejala de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, aseguró a este periódico que el área lleva meses «trabajando» con ambas familias. Una de ellas, la que permanece en el interior, permanecía en un hostal pagado por el consistorio desde el verano hasta que en octubre entró en el centro OCRE después de que ampliara las plazas para permitir familias. Tras saber de su marcha voluntaria de la residencia, informó de que este miércoles se le ofrecieron varias alternativas que la familia rechazó. La otra, que quedó fuera, sí aceptó la propuesta y, según la edil, desde anoche se encuentra en los apartamentos municipales de Fernando de los Ríos. Remarcó que Servicios Sociales mantendrá la atención para encontrar una «salida satisfactoria» con las personas que siguen en el inmueble.

María Gallego, que representa a las familias, cuestionó el papel de la Policía Nacional, a la que afeó la «fuerza desmedida» que aplicó. Denunció que la «carga» era «innecesaria» porque «se estaba negociando». Recordó que «la vivienda es un derecho» y reclamó al Ayuntamiento que «atienda las necesidades de las familias».