Piden a Visogsa eliminar una cláusula «abusiva» para poder comprar sus pisos de alquiler en Granada

La cláusula en cuestión dice que, para ser propietario de cada vivienda, los actuales arrendatarios deben hacer frente a un 2% de interés por cada uno de los diez años que han ocupado estos pisos de protección oficial. «El precio de la vivienda es de... euros, aumentado anualmente, conforme al IPC, con unos límites máximo y mínimo del 2%, más el impuesto sobre el valor añadido o impuesto que le sustituya», como viene reflejado en el documento de venta. Los inquilinos de estos pisos consideran que en estos diez años el IPC nunca ha alcanzado el 2% e incluso hay ejercicios que ha sido negativo.

«Tendríamos que abonar un 20% de intereses y somos familias que si decidimos meternos en pisos de protección oficial es porque nuestros ingresos no nos permiten otra cosa», comenta Miguel Ángel López, uno de los 30 afectados que han presentado un escrito en Visogsa para suprimir esta cláusula.

Los inquilinos tienen la opción de adquirir estos pisos durante el presente ejercicio, concretamente, en septiembre se ejecuta el derecho a compra. Se trata de viviendas de dos y tres dormitorios con precios entre los 112.000 y 120.000 euros. «Si nos vemos obligados a abonar esa cláusula abusiva deberíamos de pagar, al menos, en mi caso, más de 22.000 euros, lo cual me impide pagar la casa», advierte López.

Los escritos presentados en Visogsa son de 30 familias, pero en realidad los afectados son 95 del edificio de la calle Jimena número 15 de la capital granadina. Solo diez inquilinos decidieron comprar el piso en 2012 y rechazaron la opción del alquiler. Al resto, se le permite comprar el piso en septiembre del año 2022.

«Es una cláusula legal y no sabemos si hay alguna posibilidad jurídica de modificarla. Visogsa se compromete a estudiarla y si tenemos opción de cambiarla lo haremos», dijo ayer Jesús Raya, gerente de Visogsa. Desde la empresa de vivienda y suelo supramunicipal, se advierte que esa cláusula «la introdujo el anterior gobierno del PP de Diputación de acuerdo a la normativa de pisos de protección oficial». Por eso «debe estudiarse desde los servicios jurídicos para saber si es posible modificarla», apunta Raya.

Las familias afectadas advierten de que tienen la intención de adquirir los pisos donde llevan viviendo diez años, pero siempre y cuando se salve el escollo de la «cláusula abusiva». Hicieron «una promoción de viviendas para que gente vulnerable pudiera adquirir un piso. Si nadie puede ahora comprarlas se quiebra la finalidad con la que se construyen estas viviendas».

Los vecinos afectados por esta «cláusula abusiva», según Visogsa, pueden renunciar a la adquisición de la vivienda y mantenerse en régimen de alquiler con la «promesa de que se puedan quedar el tiempo que quieran», advierte Jesús Raya. Sin embargo, los arrendatarios mantienen que su intención es adquirir estos pisos. «Llevamos diez años viviendo en estos pisos de protección oficial, los queremos adquirir y lo único que necesitamos es que nos apliquen un IPC real y no la barbaridad del 20% de intereses que pretenden», explica Miguel Ángel López.

El gerente de Visogsa mantiene que la intención de este organismo es facilitar a estos inquilinos el acceso a estas viviendas en propiedad. «Nuestra intención es revisar esa cláusula y llegar a un acuerdo».