Le piden tres años de prisión por estafar a una empresa en la compra de 900 toneladas de cebada en Granada

El acusado realizó estas operaciones de compraventa a través de una empresa latente de la que era administrador único desde 2016 y que no había registrado ninguna actividad comercial desde su fundación, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press. El juicio está señalado para el próximo 12 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

El acusado contactó en julio de 2017 con la empresa de Guadahortuna, dedicada a la compraventa de cereales y abono, y acordó la compra de 604 toneladas de cebada por un precio de 108.639 euros, de los que debía abonar en el acto de entrega 30.000 euros y el resto en un pagaré con vencimiento en 30 días.

La Fiscalía mantiene que el acusado no tenía pretensión de pagar la cuantía que dejó a deber en el pagaré, con lo que obtuvo la mercancía por un precio notablemente inferior al de mercado, pudiendo obtener así un margen de beneficios muy superior en la reventa de los cereales.

Estando aún pendiente de cobro el pagaré de 77.827 euros, el acusado volvió a hacer otro pedido a esta empresa. En esta ocasión, 300 toneladas de cebada que serían satisfechos en los mismos términos: 20.000 euros a la entrega y emitiendo un pagaré por los 33.913 euros restantes.

La empresa de Guadahortuna accedió a este segundo pedido por la credibilidad que el negocio le ofrecía, puesto que el acusado había hecho pagos parciales en el momento de la entrega de los cereales.

No obstante, cuando venció el primer pagaré de 77.827 euros y la empresa perjudicada contactó con el acusado, éste se excusó en que otra empresa de renombre en el sector a la que le había entregado la cebada aún no le había pagado a él, extremo que luego se constató que era mentira, y le solicitó una nueva fecha de cobro.

Cuando venció el pagaré de 33.913 euros del segundo pedido, que fue devuelto acusando orden de no pagar y originando unos gastos de devolución de 1,356 euros, se sucedieron las llamadas entre la empresa perjudicada y el acusado. Llegaron a un acuerdo de pago por transferencia que nunca se materializó.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa cualificada y, además de la pena de cárcel, pide que el acusado sea condenado al pago de una multa de 3.240 euros.