Piden cárcel para un policía local de Granada por presunto maltrato a su expareja e hijas

El escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este medio, relata que el acusado ha ejercido de forma continuada agresiones verbales consistentes en ofensas y admoniciones de todo tipo, tales como «no vales para nada, eres una fulana o te voy a arrancar la cabeza». El hombre mantenía «conductas de control debido a su carácter machista y celoso» y agredió físicamente con empujones, golpes en la cabeza y los brazos a su expareja. Estas agresiones, tanto físicas como psíquicas, se extendieron a sus niñas e incluso una de ellas tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones.

Asimismo, el acusado «sin consentimiento» de la mujer, se ha apoderado de contactos y fotos personales extraídos de los terminales del ordenador y teléfono móvil de los que era usuaria, con el fin de averiguar si mantenía relaciones sentimentales o de amistad con otras personas.

El individuo empleó presuntamente un localizador y la aplicación del rastreador GPS invoxia para controlar a su expareja y saber dónde y con quién estaba en cada momento. Los hechos relatados integran, presuntamente, un delito de violencia física y psíquica habitual, dos delitos de menoscabo psíquico y un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El asunto, que recae sobre el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Número 2 de Granada, está pendiente del señalamiento, después de que se haya notificiado el juicio oral.

Los hechos se habrían producido sobre todo a partir de 2017, pero se intensificaron a raíz de la denuncia y la separación de la pareja, que se produjo en abril de 2022. Según ha podido saber este medio por fuentes de la investigación, la Guardia Civil y la Policía Nacional lo han arrestado en al menos nueve ocasiones entre 2023 y 2024 por supuesta violencia de género y quebrantamientos de la orden de alejamiento. Además, en 2023 el tribunal decretó en un auto una orden de alejamiento de 200 metros, sin que el agente pueda acercarse al domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente su expareja. De forma adicional, se suspendieron las visitas del padre a la menor de edad.

La decisión se tomó después de que el hombre profiriera supuestamente insultos a la mujer y a sus hijas o asegurara que era «capaz de matar». Posteriormente, en septiembre de 2023, la orden de alejamiento se amplió hasta los 500 metros. El cumplimiento de las medidas se controla con una pulsera telemática y el subinspector tuvo que entregar sus armas, entre ellas la pistola reglamentaria. El Instituto Armado le intervino una escopeta y una pistola semiautomática.

En un informe, la Policía Nacional, tras realizar la valoración el sistema Viogén, determinó el caso «de especial relevancia debido a la detección de una especial combinación de indicadores que apuntan hacia una significativa probabilidad de reincidencia, posiblemente grave o muy grave».

El sujeto lleva vinculado a la Policía Local de Granada más de una década y en 2022 adquirió el rango de subinspector. De acuerdo con fuentes municipales, en 2024 el agente ostentó el cargo de responsable de Seguridad Ciudadana y patrullaba por la zona centro de la capital dentro de una zona de exclusión de Viogén. El hombre, que ahora ejerce las funciones del cuerpo desde la sala, salía a la calle sin el arma reglamentaria y con el dispositivo de geolocalización.

Según ha podido saber este medio, este fin de semana la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía tomó declaración al agente y le requisó el teléfono tras ser intervenido a su llegada de un viaje en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Al subinspector se le tomó declaración en relación a la investigación que tiene abierta y bajo secreto de sumario el juzgado de Instrucción Número 4 de la capital por presuntos amaños en las oposiciones de la Policía Local.

IDEAL se ha puesto en contacto con Domingo Manuel Domingo Carillo, defensor del acusado. El letrado destaca que las denuncias en contra de su cliente por presunta violencia de género se han archivado y solo queda esta causa abierta en los juzgados de violencia sobre la mujer, por la que el fiscal pide seis años de cárcel.