Piden cárcel al expresidente de los Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería por gastar 75.000 euros de tarjetas oficiales en compras y una app de citas

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público,, el acusado Miguel Ángel V.P. fue durante una década y desde marzo de 2004 el presidente de los Gestores Administrativos de tres provincias de Andalucía Oriental.

Durante su cargo al frente del Colegio Oficial, el acusado no siempre tuvo una retribución, un pago de 500 euros mensuales que recibió por sus funciones en diferentes periodos y que aparecía en la contabilidad del órgano colegial como depósitos en metálico.

Como cargo con representación, el acusado ordenó cinco tarjetas de crédito y débito entre 2005 y 2013, vinculadas a otras tantas cuentas y que se contrataron sin el correspondiente control del los órganos colegiales.

Uno de los empleados se encargaba del trabajo contable de los gastos, que dividía por orden expresa del procesado como gastos de presidencia y abonos pendientes de justificar.

El acusado aprovechó que pagaba de sus fondos personales el dinero de reuniones del nacionales o regionales, gastos que después le ingresaban, para generar una guía de «colegiados deudores» en la que incluía ese tipo de gastos.

«Defraudando la confianza en él depositada», según la Fiscalía, el acusado aprovechó su cargo y el esquema diferenciado de dos anotaciones contables para colocar en la segunda sus gastos personales, cantidades que se confundían con las que debían algunos colegiados.

Así, entre 2008 y 2014 el acusado utilizó las tarjetas para el beneficio personal y, de forma «oculta y a espaldas de los órganos colegiales», gastó cerca de 1.660 euros de una tarjeta con retiradas de efectivo y gasolina.

Con otra de las tarjetas, el acusado acumuló un gasto de más de 73.000 euros, una cuantía que incluía compras en supermercados, retiradas de efectivo, descarga de aplicaciones, pago de películas y otros servicios o hasta de un portal de contactos y citas.

Cuando fue descubierto, en julio de 2014, el acusado presentó su dimisión, reconoció los hechos y dijo haber gastado 56.000 euros que iba a devolver, compromiso que no ha cumplido.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de estafa y ha solicitado una condena de seis años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para empleo público en labores de administración, junto al pago de una multa de 14.400 euros.

El acusado será juzgado por estos hechos los días 11 y 12 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.