Piden que el Ayuntamiento reclame los perjuicios económicos de los casos de corrupción

La portavoz y concejal de la formación 'Vamos, Granada' en el Ayuntamiento de Granada, Marta Gutiérrez, ha denunciado en rueda de prensa junto al presidente de la asociación Gracco - Granada Acción cívica contra la corrupción- Francisco Torres y el empresario Ramón Arenas - miembro de Gracco y acusación popular en el caso Nazarí y en el caso de Casa Ágreda- la pasividad y falta de transparencia del equipo de gobierno del PSOE a la hora de denunciar y actuar en defensa del interés público, así como la falta de respuesta ante solicitud de información para esclarecer casos de corrupción, «asistimos a la ruina económica de este Ayuntamiento y la causa principal es la corrupción y desde el actual equipo de gobierno no se ha hecho nada por atajarla ni por evitar que las consecuencias recaigan sobre la ciudadanía», ha señalado Gutiérrez, que ha apuntado que el Ayuntamiento todavía no se ha personado en la causa de Casa Ágreda, a pesar de haberse aprobado en pleno y de ser el principal perjudicado, «el Ayuntamiento debería haber iniciado acciones hace mucho tiempo para evitar que los platos rotos los paguemos entre todos cuando hay responsables y beneficiados directos de los desmanes que deberían responder por ello, porque independientemente de la responsabilidad penal, que se dirime en los juzgados correspondientes, existe la responsabilidad patrimonial, y la responsabilidad contable».

'Vamos, Granada' y Gracco - asociación que según su presidente, Francisco Torres, lleva trabajando desde 2017 por reclamar la responsabilidad en expedientes como el de multas de tráfico sin tramitar en 2015, las cuentas de TG7tv, el error urbanístico de los Vargas de 13 millones de euros, errores en el PGOU relativos a ascensores y aseos en aparcamientos públicos y otros- exigen que en aquellos casos en que haya habido que indemnizar a terceros, el Ayuntamiento debe iniciar la acción de regreso, es decir, exigir a los responsables directos el pago de las indemnizaciones. Explican que la reclamación por alcance, por la responsabilidad contable, ha de iniciarse en el Tribunal de Cuentas. «Esta vía es poco conocida para la opinión pública, porque no se acude a ella con frecuencia, al menos para los grandes casos, pero tenemos muy reciente la referencia de la sentencia lograda por Ahora Madrid, por la que se ha condenado a los responsables por la venta de viviendas sociales muy por debajo de su valor a resarcir al Ayuntamiento, esta jurisdicción es para aquellos que tienen los funcionarios y administraciones para reclamar la devolución o resarcir a la Administración del perjuicio que se ha causado - independientemente de que se dirima la responsabilidad penal o no -».

Para ellos, el caso del Pabellón Mulhacén es paradigmático y así lo ha confirmado Ramón Arenas, «ya hay una sentencia del TSJA que determina que donde se debería haber hecho equipamiento deportivo, se han hecho restaurantes de manera ilegal. Esto tiene consecuencias. Por una parte la pérdida de equipamiento, pero además se tendrán que revisar las licencias concedidas, llegando a la demolición en su caso, y si esto tiene consecuencias económicas por indemnizaciones a terceros, deberán pagarlas los responsables. Por otra parte, ha habido un exceso de lucro por parte de la empresa concesionaria, que deberá cuantificarse y exigirse». El empresario apunta que la actuación declarada ilegal por el TSJA en el Pabellón Mulhacén se ha repetido en otras parcelas de la ciudad, que también habrá que revisar y se ha mostrado indignado por el hecho de que se haya solicitado reiteradamente la relación de pagos de los cánones y tasas correspondientes a este contrato y a otros como el del Serrallo o varios aparcamientos, y no haya sido aportada por el Ayuntamiento.

Tanto la asociación como la portavoz de 'Vamos, Granada' han anunciado su voluntad de seguir luchando contra la corrupción y exigiendo responsabilidades jurídicas, económicas y patrimoniales a los corruptos y apoyan la manifestación contra la corrupción convocada en Sevilla el 20 de enero por Justicia por la sanidad.