«Los patinetes representan un grave problema de seguridad vial»

–¿Cuáles son los ilícitos relacionados con el tráfico rodado que más le preocupan?

–Si valoramos por el resultado, evidentemente los que causan muerte o lesiones. Y desde un punto de vista de la prevención nos remitimos a la estadística: el consumo de alcohol y/o drogas, los excesos de velocidad y las distracciones.

–Hablando de conductores ebrios, ¿da el Código Penal una respuesta adecuada a los siniestros mortales que provocan?

–El Código Penal, tras su última reforma de septiembre de este año (Ley Orgánica 11/2022), establece penas por homicidios imprudentes que van desde un 1 año a 4 años de prisión si la imprudencia es grave, y de 3 a 18 meses de prisión si la imprudencia es menos grave. Además, se prevén dos agravaciones: la prisión puede llegar a los 6 años si se causa la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones de otras, e incluso a los 9 años de prisión si es un número muy elevado de fallecidos. En todos los casos hay que añadir la privación del derecho a conducir. Esta graduación de penas ha considerado el legislador que es suficiente y, lógicamente, los ciudadanos y las asociaciones de víctimas discrepan, y consideran que en el tráfico la muerte sigue siendo «barata», utilizando la expresión popular que surge en cualquier conversación sobre la materia.

–¿Cómo están repercutiendo los patinetes en la seguridad vial?

–Lo primero que debemos aclarar que la expresión popular «patinetes» comprende los verdaderos patinetes, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), e incluso a unos artefactos que teniendo apariencia de «patinetes» son verdaderos ciclomotores, no por su estructura pero sí por su potencia y velocidad. Los «patinetes» son los que funcionan por impulso físico del usuario, o con auxilio de motor eléctrico siempre que no excedan de una velocidad máxima de 25 km/h. Los patinetes son una nueva forma de desplazamiento urbano, individual, barata y ágil. No cabe duda que es útil y ha llegado para quedarse. Sin embargo, representan un grave problema de seguridad vial, por cuanto no se requiere ninguna formación ni conocimiento de las más elementales normas de tráfico. Por lo que en muchas ocasiones se pone en riesgo a los usuarios, a los conductores de otros vehículos y a los peatones como más vulnerables.

–¿Se puede acusar a un conductor de un VMP por ir bebido?

–Desde el punto de vista administrativo sí es sancionable la conducción de un VMP bajo efectos de alcohol. Desde el punto de vista penal, no es posible, porque el Código Penal sólo se aplica a vehículos de motor y a ciclomotores, y los VMP no pueden clasificarse en ninguno de esos conceptos. Sin embargo, si pueden cometerse homicidios y lesiones imprudentes con el uso de esos artefactos, e incluso delito de alteración grave de la seguridad de la vía entre otros.

–No se ven mucho, pero a veces circulan por las calles de la ciudad vehículos raros, de esos modificados a los que aludía, que no son ni motos ni bicis ni patinetes. ¿Cómo se actúa penalmente en esos casos?

–La Policía Local debe intervenir el vehículo para comprobación técnica de su potencia y velocidad máximas. Con el resultado del informe pericial en vía administrativa o en vía penal si se considera que hay delito. Desde la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, ya se dictó en 2021 una instrucción sobre esta materia para todos los cuerpos policiales con competencia en materia de tráfico.

–¿Son los viandantes con demasiada frecuencia temerarios?

–Todo depende de la educación cívica de cada uno. Y parece que la educación, en general, es un valor a la baja en los últimos tiempos.

–¿Hasta qué punto está la velocidad tras los siniestros que se producen en las vías andaluzas?

–Al mismo nivel que el resto de España, según los datos de DGT, es la principal causa de siniestros.

–Las estadísticas de la Policía Local de Granada arrojan que cada tres días un conductor es sorprendido por conducir sin puntos, sin carné o con el permiso retirado por un juez. ¿Qué se puede hacer para evitar estos comportamientos irresponsables?

–Realizar más controles policiales, y en los casos de los reincidentes decomisar el vehículo que se constituye como instrumento del delito.

–¿Han detectado en Granada casos de uso fraudulento de la tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida?

–No más que en otros sitios. Desgraciadamente es un comportamiento generalizado en todas las provincias y está relacionado con la falta de educación cívica de la hablamos antes.

–El castigo en estos casos no es menor, ¿no?

–No necesariamente. Las variables son bastantes pero puede haber delito de falsedad en documento oficial, castigado con pena de prisión y multa.

–¿Existe la violencia vial?

–Es un concepto acuñado por las asociaciones de víctimas, y asumido entre otros por la fiscalía, que se fundamenta en la valoración subjetiva sobre la agresividad que suponen determinadas conductas que causan daño a otros.

–¿En qué casos está a favor del decomiso de un vehículo?

–El decomiso está previsto en el Código Penal al considerar el vehículo como instrumento para la comisión de un delito, por tanto igual que se intervine un arma, o una palanca para forzar una puerta, se debe intervenir el vehículo. Pero por razones obvias debe tenerse una cierta proporcionalidad entre el delito cometido y el perjuicio que causa el decomiso. Yo lo veo prudente en el caso de homicidios y lesionados graves, así como en el caso de los reincidentes habituales, lo que demuestra que lo ha servido de nada las condenas anteriores.

–¿Cree que la educación vial debería ser obligatoria en el aula?

–Es imprescindible. Si no se forma a las personas en seguridad vial, no solo a los niños, también a los adultos y a los mayores, como colectivo vulnerable, no tendremos una sociedad concienciada y prevenida de los riesgos del tráfico. En otros países se hace, aquí se deja a criterio de los centros, de manera que hay alumnos formados y otros no. Es parte del desastre de la educación en España. Y es justo reconocer el esfuerzo desinteresado de muchos policías locales que forman en esta materia en los colegios.

–¿Ve efectivas las campañas de la DGT para prevenir accidentes?

–Son necesarias y efectivas, pero sus efectos son temporales, por lo que son necesarios cambios en la forma de los mensajes.

–¿Cómo es la relación de la fiscalía con las asociaciones de víctimas?

–El propio estatuto del Ministerio Fiscal establece que somos nosotros los que debemos tener una relación inmediata con las víctimas para garantía de sus derechos. Es evidente que en materia de Seguridad Vial la relación entre el fiscal delegado y las asociaciones es intensa y valiosa.

–¿Y la de su departamento con la Policía Local de Granada?

–Todos los fiscales delegados en cada provincia de Andalucía deben tener una relación fluida con la Policía Local y la Guardia Civil de tráfico, que son los dos cuerpos policiales con competencia en la materia, porque realizan funciones de policía judicial bajo la dirección del fiscal.

–Usted impulsó un protocolo de coordinación en siniestros viales. ¿Se ha mejorado con él?

–El protocolo, que está terminado y solo pendiente de firma, se basa en la coordinación de los servicios de emergencias, policía, bomberos, sanitarios, ambulancias, mantenimiento, grúas, etc, es decir, todos los que intervienen en un siniestro, para mejorar la calidad de la asistencia a las víctimas y la remisión de los informes a la justicia, a fin de que esta pueda actuar como más precisión. Lo más valioso del protocolo es haber llegado a un texto consensuado por unanimidad de todos los servicios de emergencias.