Los partidos desatascan la agencia de salud a la que aspira Granada

El desbloqueo del proyecto de ley era uno de los deseos de Granada, que lleva más de un año siguiendo la pista a todos los movimientos que está generando la constitución del nuevo organismo. La capital nazarí, al igual que otras ciudades como Zaragoza u Oviedo, está interesada en acoger una oficina que encajaría a la perfección con el ecosistema investigador y de empresas con que cuenta desde hace años y la afianzaría como uno de los baluartes de la salud pública y de las políticas asociadas a la prevención a nivel nacional. La aspiración, sin embargo, depende de que el Gobierno aclare si incluirá la agencia en el proceso descentralizador iniciado en la legislatura pasado y, en caso afirmativo, cómo se llevará a cabo la selección de la ubicación para evitar polémicas como la propiciada con la designación de La Coruña como sede de la Agencia de IA, que también pretendía la ciudad nazarí.

La decisión, según ha trasladado en multitud de ocasiones el Ejecutivo, no se hará pública hasta que se redacte el reglamento de la nueva agencia. Antes, sin embargo, hay que aprobar el proyecto de ley. El documento, que presentó públicamente la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el 30 de enero pasado, llevaba ocho meses bloqueado en la comisión de Sanidad. Aunque la revisión del texto fue rápida, los partidos encallaron en el proceso de presentación de enmiendas, que se prorrogó en 22 ocasiones. Se trata de un problema que el Ejecutivo está teniendo que encarar esta legislatura con varias de las normativas propuestas, como la nueva ley de Movilidad Sostenible o la adaptación de la legislación sobre navegación y seguridad aéreas. 

Buena parte del retraso se explica por los sucesivos cambios planteados por los diferentes grupos de la cámara en las aportaciones presentadas. Varias de ellas, como las trasladadas por los diputados del Junts y del PNV, fueron retiradas con el fin de afinar las mejoras solicitadas. El bloqueo, sin embargo, no alertó al Gobierno ni siquiera este verano, cuando empezaron a escucharse las primeras voces críticas con el proceso procedentes de colectivos sanitarios como Sespas, la Sociedad Española de Salud Pública, que reconoció su preocupación por el bloqueo. El Ejecutivo, como reconocieron fuentes próximas al mismo a este periódico en agosto, tenía confianza en acelerar la tramitación tras el final de las vacaciones, como finalmente ha sido.

El pasado 18 de septiembre se cerró el periodo de enmiendas con 95 aportaciones presentadas. Las sugerencias están encaminadas principalmente a evitar el choque entre la nueva agencia y las comunidades autónomas. El órgano está llamado a desempeñar sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud. 

Algunos de los fines del organismo afectan directamente a competencias que actualmente ejercen las regiones, motivo por el cual partidos nacionalistas como Junts, ERC, PNV, Bildu o el BNG han solicitado cambios en el articulado. Las sugerencias también revelan la preocupación de estas formaciones por asegurar que la información que requiere la agencia para su funcionamiento sea bidireccional y no exclusivamente dirigida de los sectores público y privado al nuevo ente. Todas ellas coinciden en solicitar que las comunicaciones sean accesibles a todas las personas y que se emitan en las lenguas oficiales del Estado.

Otras sugerencias están dirigidas a ampliar el rango de acción de la agencia. Es el caso de las presentadas por el PP, que ha propuesto que no se dedique exclusivamente a la prevención y vigilancia de la salud pública sino que también incluya la evaluación de las políticas sanitarias. Los populares también han planteado cambios para independizar el organismo del Gobierno. La idea es que, aunque sea dependiente del Ministerio de Sanidad, se garantice su autonomía.

Grupos como Sumar, Bildu o el propio PSOE han propuesto cambios para profundizar aún más en filosofías como la de One Health, un concepto desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que defiende que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y necesitan un planteamiento global de colaboración, o vincular las acciones de salud público a ideas de equidad y empoderamiento de las personas.

Todas estas propuestas deben ser revisadas y valoradas antes de que el texto pueda ser aprobado por la cámara. Aunque el Gobierno ha evitado definir una fecha para sacar adelante el proyecto de ley, el objetivo es que el proceso culmine lo antes posible. Así lo recalcó hace unas semanas el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, durante su participación en un acto en Menorca. El responsable, que recibió también el apoyo unánime de la comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que la ley sea una realidad antes de terminar 2024, explicó que la voluntad es que el documento pase pronto a la ponencia de la comisión de Sanidad y de ahí al pleno para su visto bueno definitivo.