El Ingreso Mínimo Vital no llega ni al 1% de los hogares de desempleados en Granada

Esta es la situación que denuncia la Asociación Víctimas del Paro (AVP), vinculada a la Unión General de Trabajadores (UGT), que dio a conocer unos datos exactos relativos a delegaciones provinciales que el Ejecutivo no ha ofrecido públicamente de momento; lo que sí hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza José Luis Escrivá, fue asegurar el pasado jueves que ya se estaba trabajando en un cruce de datos con la Agencia Tributaria que permita «agilizar la tramitación», así como en acuerdos con 150 ayuntamientos.

En cualquier caso, los datos permiten conocer en detalle cómo estaba la situación en Granada el pasado 10 de agosto, fecha hasta la que alcanza la información de la que dispone la AVP y a la que tuvo acceso este periódico. Desde el 29 de mayo, cuando se aprobó esta medida, hasta ese momento la administración recibió un total de 21.385 solicitudes en la provincia granadina, que se convierte así en la tercera en la que más personas necesitan hasta ayuda en relación a su población, según los datos más recientes de empadronamiento de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, la cifra de solicitudes por 10.000 habitantes alcanza las 234, superada solamente por Cádiz (238) y Málaga (235).

Si este cálculo se realiza sólo en relación a los desempleados, el colectivo principal al que se dirige la medida, la proporción es mucho más elevada. Según la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el mes de julio, el último del que hay datos, había 101.076 granadinos inscritos en las oficinas como demandantes de trabajo. Es decir, que los 21.385 que habían solicitado acogerse al IMV hasta el 10 de agosto suponen el 21% del total de todos ellos, algo más de uno de cada cinco.

Sin embargo, son muchísimos menos los que han recibido ya una respuesta afirmativa a su petición por parte de la administración estatal. En concreto, sólo 128 han sido resueltas positivamente, lo que supone el 0,6% de todas las presentadas. Una cifra en línea con la media del conjunto de España, que se sitúa en el 0,7%. Si se ajusta el cálculo al número de desempleados que reconoce el SEPE el pasado mes de julio, el porcentaje es aún más exiguo: sólo el 0,13% de los parados de la provincia está cobrando el ingreso mínimo casi tres meses después de su aprobación.

Con independencia de cuál sea el resultado del trámite, las cifras de resolución son en cualquier caso bajas. De las 21.385 solicitudes presentadas en Granada sólo se han finalizado 953; son el 4,4% del total, menos de una de cada veinte. Es el segundo porcentaje más bajo de los registrados en toda la comunidad autónoma andaluza. Sólo en Cádiz (3,1%) la administración provincial ha resuelto en menor proporción, mientras que en lugares como Jaén (11,1%) o Almería (8,1%) los índices son sensiblemente superiores.

La información aportada por la Asociación de Víctimas del Paro hasta el 10 de agosto permite también constatar que otras 834 solicitudes han sido ya denegadas o canceladas. Esto se debe sobre todo a que se presentan varias relativas al mismo hogar; se calcula que alrededor de una de cada diez peticiones acaba en este grupo).

También, en lo que respecta específicamente a los expedientes que han finalizado su proceso de tramitación, son mayoría las respuestas negativas. Un hecho que muchos expertos aseguran que tiene que ver con que los requisitos económicos son relativos a valores del año pasado y no a los que hayan quedado con posterioridad a la llegada del coronavirus, que ha provocado un vuelco fuerte y rápido precisamente en muchas familias que son las que ahora necesitarían con urgencia los ingresos que proporciona el ingreso mínimo. De las 953 solicitudes resueltas, 825 han sido denegadas; es decir, que el 86,6% se resuelven de manera negativa, mientras el 13,4% restante sí que recibirá cada mes la prestación.

Además, hay otros 506 expedientes a la espera de más documentación para poder llegar a una decisión.

El atasco burocrático que ha provocado la pandemia y coincide con la puesta en marcha del IMV está provocando también otros problemas, como que apenas haya citas previas para poder tramitar en persona, lo que obliga a la persona a usar un certificado digital para hacerlo o a encargárselo, previo pago, a alguien. Incluso, ante el atasco en el servicio de atención telefónica, hay casos en los que son ONG o trabajadores sociales los que se están haciendo cargo de las peticiones. Para tratar de paliar el problema, el ministro Escrivá contrató el pasado mes de julio a la empresa Tragsatec, de titularidad parcialmente pública, para que pusiera a 500 empleados manos a la obra. Sin embargo, esto no parece haber solucionado los retrasos.

Según informa el Gobierno a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los ciudadanos se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) y su nuevo asesor virtual, ISSA. También disponen de una herramienta de simulación, donde se puede comprobar si se cumplen los requisitos, y de una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que funciona de 8.30 a 20.30 horas.