Los papeles del pisito

Existe la leyenda urbana de que el gobierno municipal socialista o alguno de los cargos de la actual cúpula de Urbanismo no se dan excesiva prisa a la hora de colaborar con la investigación. Si fuesen ciertas todas las veces que aseguran haber visto a la Udef por las oficinas municipales retirando papeles, los agentes pasarían más tiempo en el Ayuntamiento que algunos concejales de los que, teóricamente, tienen que dedicar, al menos, el 75% de su jornada a las tareas públicas.

El caso es que gran parte de la documentación requerida por la jueza ya estaba en el juzgado y había sido enviada en ocasiones anteriores por la Dirección General de Licencias del Ayuntamiento y entregada en mano en mano a los agentes de la Policía Nacional el 9 de enero de 2017. ¿Qué buscaba María Ángeles Jiménez? Los expedientes sancionadores y restauradores de la legalidad abiertos a la comunidad de propietarios del bloque de Obispo Hurtado.

Son dos: el 6784/2015 y el 4780/2015. El primero es el relativo a la sanción por incumplimiento de la normativa urbanística, por no alcanzar la altura mínima entre plantas una superficie de 295,04 metros cuadrados. El segundo corresponde a la licencia de primera ocupación, concedida por decreto el 29 de mayo de 2015, con el gobierno municipal en funciones y cuando Torres Hurtado aún no tenía garantizada una nueva investidura.

Parte de la documentación está relacionada con la multa 'menguante' que la comunidad debía pagar para legalizar lo construido. El arquitecto que llevó inicialmente el expediente la fijó en 489.389 euros el 7 de mayo de 2015; después la ajustó a 358.509; y el 27 de abril de 2016 -con Torres Hurtado e Isabel Nieto dimitidos y una semana antes de la llegada de Paco Cuenca- descendió a 46.045 euros, la décima parte.

Pero esta cantidad tampoco se ha abonado. Según la documentación remitida esta semana al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, la comunidad de propietario acudió a los tribunales y solicitó la suspensión cautelar de la sanción. En un auto del 14 de octubre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso número 4 accedió a la petición.

Estos son los papeles del 'pisito' de 120 metros cuadrados.

Otra noticia de esta semana, sin dejar ni el Ayuntamiento ni las cuestiones legales ni tampoco las leyendas urbanas. Cuentan que los servicios jurídicos municipales no son precisamente una balsa de aceite. Lo dicen quienes lo han gestionado a nivel político. El que fuera jefe se encuentra ahora en Almería y ha sido sustituido por un funcionario que estaba en el consistorio de Ogíjares. El propio alcalde asumió en este mandato las competencias del área.

Paco Cuenca tendrá que resolver ahora un problema que arrastra de un expediente disciplinario abierto en mayo de 2015 a uno de los letrados por compaginar su labor de funcionario con una actividad empresarial que no había sido autorizada. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le impuso el 29 de junio de 2017 una suspensión de tres años sin empleo y sueldo. Aún cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Según han confirmado fuentes municipales, el Supremo lo ha rechazado. El auto ha llegado al Ayuntamiento, que tiene que decidir en pocos días cómo ejecuta la sentencia. Se ha solicitado algún informe para ver las alternativas; aunque todas parecen conducir a la misma.