El País Vasco se une a Cataluña y Baleares y permitirá el cobro de un impuesto turístico local

La iniciativa la lleva desde hace años el Ayuntamiento de San Sebastián –gobernado por el PNV–, que le ha ganado la batalla al Ejecutivo de Vitoria (PNV-PSE), donde el socialista Javier Hurtado ocupa la consejería de Turismo. El consistorio donostiarra no quiere utilizar lo recaudado para promocionar el turismo, como hacen otras ciudades, sino para paliar los efectos del turismo en la ciudad y en la vida cotidiana de sus vecinos. Por ejemplo, para reforzar servicios como la limpieza, la seguridad, el transporte o el mantenimiento urbano. El alcalde, Eneko Goia, calcula que los dos millones de pernoctaciones anuales que registra la ciudad podrían engordar las arcas municipales con entre 7,5 y 8,5 millones de euros.

En Europa la tasa turística se aplica en decenas de ciudades. La más cara se cobra en Amsterdam, donde representa el 12,5% del coste de la reserva al día.

En España la historia se remonta a la famosa 'ecotasa' de Baleares en 2002, que desapareció durante los gobiernos del PP y reapareció, ya para quedarse, en 2016, como Impuesto para el Turismo Sostenible, de carácter regional. Oscila entre los 25 céntimos y los 4 euros por día, en función del momento del año y el tipo de alojamiento –incluidos los cruceros–, y cuenta con algunas exenciones. El Ejecutivo de Marga Prohens (PP) recauda actualmente unos 150 millones de euros anuales por este concepto, pero espera aumentar esa cuantía con su anunciada reforma del IST, que aumentará el cargo por noche hasta los 6 euros, lo encarecerá para los cruceristas y creará un nuevo impuesto de circulación para los vehículos matriculados fuera de las islas. El destino: proyectos medioambientales y gestión del agua y los residuos.

EnCataluña la tasa se cobra desde el año 2012 y consta de dos tramos, uno autonómico y otro municipal. Hasta ahora oscilaba entre 1 y 6 euros en función del establecimiento, pero la Generalitat aprobó en primavera una nueva lista de tarifas: desde 2 euros en las viviendas de uso turístico a 6 en los hoteles de cinco estrellas en el conjunto de la región, y entre 4,5 y 7 en Barcelona capital, que además podrá duplicar su recargo local, de 4 a 8 euros. Es decir, que en su tramo más caro la tasa ascenderá a 15 euros diarios. La intención de la Generalitat es dedicar el 25% de la recaudación a políticas de acceso a la vivienda para compensar el encarecimiento de los alquileres propiciado por la masificación turística.

En otras comunidades ocurre como en Andalucía: el debate va y viene, pero la tasa no acaba de implantarse. Ocurrió en Valencia, donde la aprobó un gobierno del PSOE, Compromís y Podemos y la congelaron PP y Vox en 2023.

En Asturias, el presidente Adrián Barbón (PSOE) cedió ante su socio de gobierno, IU, y en septiembre anunció que aprobaría la creación de un impuesto turístico para costear el funcionamiento de los servicios públicos cuando hay una mayor afluencia de visitantes. Eso sí, de carácter municipal –no autonómico, como quería IU– y voluntario, en atención a las grandes diferencias en la presión turística entre unas y otras zonas del Principado.