Los padres de Juan reclaman al Ayuntamiento de Íllora por la ausencia policial el día del crimen

¿Podía haberse evitado aquel letal ataque? ¿Tuvo relación la muerte del malogrado joven con la «ausencia total» de policías en las calles del pueblo en plenas fiestas patronales pese al riesgo de posibles incidentes? ¿Hubo un mal funcionamiento de la Administración del que se derive una eventual responsabilidad patrimonial? Los padres de Juan están convencidos de que existió «un claro nexo causal» entre la muerte del joven, un muchacho brillante y muy querido por sus vecinos, y las «graves» irregularidades en las que, a su juicio, habría incurrido el Ayuntamiento.

Por eso, los progenitores han decidido presentar una reclamación patrimonial ante Consistorio, como paso previo a acudir a los tribunales; lo harán en caso de que su solicitud sea desestimada o se produzca silencio administrativo.

IDEAL ha tenido acceso al documento de su solicitud de inicio de procedimiento de reclamación patrimonial, en la que en principio no se especifica una cantidad económica concreta para reparar el daño, que habrá de evaluarse, «si bien es imposible una reparación real habida cuenta la pérdida de una vida humana, y en semejantes circunstancias», señala el escrito.

Son cuatro las «graves irregularidades directamente imputables a la responsabilidad municipal», a juicio de los padres de Juan. Una de ellas es que la caseta municipal donde comenzaron las agresiones aquella fatídica noche «carecía de licencia o autorización administrativa de actividad». Ello condujo a una «falta de determinación, por parte del Ayuntamiento, de los horarios de apertura, cierre y desalojo del recinto ferial».

A ambas circunstancias, los reclamantes unen la ausencia total de efectivos de Policía Local en todo el ferial desde las 4.00 horas de la madrugada, así como la ausencia, también total, de efectivos de la Guardia Civil cuando ocurrieron los hechos.

Para los progenitores del malogrado chico, esas circunstancias y falta de previsión por parte del Ayuntamiento ilurquense «inexcusables, en cuanto a gestión, supervisión y organización de dichas fiestas, desatendiendo sus responsabilidades ante un riesgo cierto y previsible» contribuyeron de manera decisiva a la «caprichosa y mortal agresión» que sufrió su hijo.

En su escrito, los padres recalcan que antes del ataque letal que les arrebató a Juan en la calle Diego de Siloé hubo unos incidentes previos en la caseta municipal, llamada 'Caseta de la Juventud'. En su interior, «un grupo de personas conocidas en el pueblo por su frecuente comportamiento violento -relatan-, sin mediar motivo alguno, agredió a varios jóvenes que estaban bailando cerca de ellos, y que eran amigos de Juan Castro».

Ese altercado hizo que prácticamente todos los que estaban dentro de la caseta salieran a la calle para escapar del alcance de aquel «grupo de violentos». A continuación, «los agresores» salieron de la caseta «dispuestos a 'cazar' a los que habían huido para continuar con las agresiones y, por simple y fatal causalidad, se toparon con el joven Juan Castro». El chico no había intervenido en el conflicto y sufrió una agresión «sorpresiva e inesperada».

El presunto homicida «le golpeó varias veces con tal violencia que quedó sin vida tendido en el suelo». Por el crimen se sigue en un juzgado de Loja una causa penal que se ha transformado en un caso de jurado.

No hay duda para estos padres de que con cada una de las «irregularidades graves» que, en su opinión, cometió el Ayuntamiento en la organización de aquellos festejos «se crearon las circunstancias idóneas» para lo que por desgracia sucedió después.

Entre sus consideraciones, los reclamantes destacan, sobre la caseta donde se inició la secuencia de los hechos, que tanto su instalación en un solar municipal como su explotación, fue cedida a un particular mediante un contrato suscrito con el Ayuntamiento, lo que «ni limita ni excluye de ninguna manera» su responsabilidad como organizador de los festejos.

Sostienen, en este punto, que el Consistorio «ha permitido la instalación y apertura de la caseta municipal en las fiestas, sin control administrativo, incumpliendo abiertamente la normativa legal», lo que derivó en una falta de determinación de horarios de apertura y cierre de la misma, y de desalojo del recinto ferial.

Por contra, según resalta el escrito, los responsables municipales sí fijaron las 4.00 horas de la madrugada como fin del servicio de la Policía Local. «De haber estado presente la Policía Local, como hubiera sido de rigor habida cuenta que la caseta seguía abierta, con gente de fiesta y sirviendo bebidas alcohólicas, sin duda alguna que hubieran intervenido para detener los comportamientos violentos que se produjeron. Pero no estaban allí. Las fiestas -indica- seguían celebrándose, pero sin presencia de Policía Local. Para qué«.

Para los padres de Juan, resulta igualmente «inaceptable» que, no habiendo ningún límite ni control tras concluir su servicio la Policía Local a la hora indicada, «no se haya garantizado con las instancias competentes la presencia de la Guardia Civil durante aquellos, y en todo caso, desde las cuatro de la madrugada en adelante».

Según han podido averiguar, aquella noche tan solo había asignado a Íllora, Tocón y Montefrío una pareja de guardias civiles pertenecientes al Puesto de la Guardia Civil de Tocón, y que a la hora de los altercados estaban en otro suceso, a 20 kilómetros de Íllora. «Ningún agente había que hubiera podido intervenir en defensa de los jóvenes agredidos, y acudir en auxilio de Juan. Ninguno», inciden.