«Con esta PAC el 83% de los productores percibirán ayudas iguales o mayores»

–Hay inquietud por los efectos de la nueva PAC en Granada ¿Cómo quedarán las ayudas?

­–Una nueva PAC como ésta que supone una modificación de las reglas de los últimos siete años siempre suscita inquietud. Yo creo que esta PAC va a ser muy buena para España, para Andalucía y para Granada en el sentido en el que va a permitir acompañar todos lo grandes retos: rentabilidad, sostenibilidad y el reto social con la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos. En este contexto, las soluciones de Granada, que son principalmente hortalizas, subtropicales, olivar, el ovino o el vacuno están bien representadas. En la declaración, cuyo periodo se inició el 1 de marzo, ponemos sobre la mesa 4.875 millones de euros, un 5,4% más que el año 2022. En la primera fotografía de expectativas que hemos evaluado vemos que a nivel nacional, aproximadamente el 83% de los perceptores van a recibir la misma cantidad o una superior. El 17%, por el efecto convergencia percibirán una cantidad inferior, pero la disminución se va a centrar en los que reciben 60.000 euros o más. Es decir, la inmensa mayoría de la clase media de la agricultura familiar y profesional, que es la típica de Granada, va a ver incrementadas sus percepciones.

Y un tema que ha preocupado mucho en Andalucía y que comento también por primera vez: las transferencias interterritoriales a nivel de comunidad autónoma van a ser prácticamente inapreciables. Se prioriza la agricultura familiar y profesional, que es la gran ganadora de esta PAC.

–Los posibles efectos negativos por el cambio de modelo en el que se encuadra el cultivo del espárrago preocupan en Granada, provincia que lidera la producción nacional y teme perjuicios ¿se puede resolver aún esta cuestión técnica?

­–El cultivo del espárrago dura unos siete años máximo y agronómicamente puede acogerse al modelo de cultivo plurianual o permanente. La cuestión es decidir en qué modelo se encuadra. Hay tres comunidades productoras: La Rioja, Navarra y Andalucía. Las dos primeras han optado por el cultivo plurianual y Andalucía había optado por esa misma consideración en un principio. Hemos pedido a la Junta una posición oficial sobre qué es lo que quiere Andalucía y aún no nos la ha dado. El 70% de la producción del espárrago verde viene de Granada y es lógico que tenga un peso fundamental. Necesitamos saber esa postura, ahí está el problema, no es de la nueva PAC ni de la posición del Ministerio. Hay ventajas y desventajas con ambos esquemas y alguien tiene que tomar una opción. Una vez lo haga la Junta, espero alcanzar un consenso entre las tres comunidades autónomas y si no, el Ministerio tendrá que decidir. No obstante, hay tiempo porque hasta marzo de 2024 existe la posibilidad de consolidar uno u otro sistema, estamos en la primera fase y el tema no está zanjado.

–Las medidas extraordinarias y urgentes que el Gobierno tomó para hacer frente a las consecuencias de la guerra, ¿cómo han impactado en Granada, a quién han ayudado?

–Han tenido un efecto muy positivo. Del primer paquete de ayudas directas de 169 millones para los productores de leche de vaca, cabra y oveja, Granada ha percibido 1.187.485 euros repartidos entre 305 ganaderos. La ayuda relativa a los fertilizantes en Granada ha beneficiado a 9.491 agricultores, con más de siete millones de euros. Granada tiene una producción agroalimentaria de 1.600 millones anuales, hay unas 800 industrias agroalimentarias en el conjunto de la provincia y 33.600 perceptores de la Política Agraria Común. Aquí llegan 180 millones de PAC. Granada tiene tres componentes básicos: el sector agroalimentaria, una dimensión del conocimiento y la investigación que gira en torno a la UGR y los centros de investigación en materia biomédica y dimensión cultural, turística y deportiva. Para el sector agroalimentario de la provincia estas medidas son muy oportunas y muy positivas.

­–Con el precio del aceite de oliva en máximos, ¿le preocupa que se retenga el consumo?

–El último dato nos sitúa en una producción de 680.000 toneladas, es una cifra muy baja. Esto ha producido que en los últimos dos años se haya duplicado el precio del aceite. Es una ventaja para el productor primario

pero también un riesgo. La FAO ya percibe un decrecimiento mundial del consumo del 6%, eso no es bueno y tenemos que intentar que la comercialización pueda sea normal. Este año vamos a tener dificultades con el stock de enlace y será fundamental la evolución de la campaña 2023/2024 y la lluvia en las zonas productoras, tener una campaña en los márgenes de normalidad es muy importante para situar los precios en niveles razonables manteniendo la rentabilidad. El aceite de oliva es un producto de la dieta mediterránea que hemos logrado extender a EE UU y otros mercados internacionales, pero este descenso de producción y este aumento de precios preocupa a las familias y especialmente en España, donde el aceite no es un producto gourmet sino de clase media y muy popular. Tenemos que hacer lo posible para que esos precios sean razonables.

–La última campaña de aceituna ha sido desastrosa en general, ¿se plantea el Gobierno algún tipo de ayuda específica para zonas de Granada y Jaén donde la producción ha caído más del 80%?

­–La mejor ayuda es evidentemente el seguro agrario. Es uno de los grandes instrumentos que disponemos en España para hacer frente a las contingencias climáticas extremas. En 2022 se superaron los 800 millones de indemnización en el conjunto de España por pedrisco, viento, inundaciones, sequía... Sectores como las frutas y hortalizas están muy cubiertos pero en olivar no existe esa tradición empresarial, aunque cada vez está aumentando.

–Hay productos como la almendra, que en Granada encadena dos últimas campañas desastrosas, que se ven muy perjudicados por el producto exterior, ¿exigirán una diferenciación en el etiquetado como demanda el sector?

­–España tiene la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre y una de las cuestiones que vamos a discutir es el etiquetado de los productos alimentarios. Estamos esperando una propuesta de la Comisión Europea. Es una cuestión que está solicitando el sector y yo estoy totalmente de acuerdo.

­–¿Cómo va a ayudar el Gobierno a los ganaderos damnificados por la viruela ovina en las comarcas del Norte de Granada?

–Las indemnizaciones previstas para compensar el sacrificio obligatorio de 45.675 animales en los 26 brotes detectados en toda España –trece en Granada y Almería con 3.075 sacrificios– ascienden a cinco millones de euros, pagados al 50% por el Estado y las comunidades afectadas. Pero el Gobierno no solo va a pagar las indemnizaciones por sacrificio sino que va a ir más allá. La reposición de animales en las explotaciones supone un coste adicional para el ganadero en función del precio de mercado y el Gobierno ha considerado preciso establecer una línea de subvenciones para compensarles y asegurar, de este modo, la viabilidad de las explotaciones. Esta actividad ganadera genera importantes externalidades positivas como el aseguramiento de unos niveles de renta equitativos entre los diferentes territorios y la fijación de la población en el medio rural y por eso vamos a apoyarles. Para el pago de estas nuevas ayudas a la repoblación, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas un máximo de dos millones de euros entre los ejercicios de 2023 y 2024.

-¿Cómo valora el efecto de las medidas del Gobierno para rebajar el precio de los alimentos? ¿Habrá nuevas medidas?

–El pasado viernes la FAO publicó el índice de alimentos que, por duodécimo mes consecutivo, bajaba a nivel mundial. Nos encontramos en un momento de cruce de caminos, de estabilización. La tendencia a las subidas más fuertes se han frenado y deberíamos antes que después ir a un descenso de los precios. Cuando y cómo es muy difícil predecirlo. La cadena alimentaria tiene unas presiones muy fuertes por los incrementos de costes (energéticos, cereales, oleaginosas, fertilizantes) y la propia inflación general no ayuda. Los últimos datos de Eurostat a nivel armonizado cifran la subida media europea en un 18%, nosotros tenemos un 15,4%. Estamos entre los nueve países con menor inflación de los alimentos, pero evidentemente esto no responde a la inquietud de las familias. Esta es la razón de las medidas que tomamos en diciembre, que creemos que están dando resultados al detener el alza. El bono de 200 euros alcanzó, el pasado 1 de marzo, un total de 1.800.000 solicitantes y tenemos que continuar con toda la cadena. Mantenemos contactos permanentes con organizaciones agrarias, industria y distribución y próximos dos o tres próximos meses serán fundamentales para conseguir rebajar el precio de los alimentos. Es un compromiso del Gobierno y en ello estamos. Evidentemente estamos en una economía social de mercado y en un mercado mundial abierto por lo que muchos factores están fuera de nuestro control.

-La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que cumplió un año el pasado mes de diciembre, marcó un punto de inflexión para impedir la venta por debajo de costes ¿Se cumple, cómo valora sus efectos?

–La Ley de la Cadena que tiene un recorrido de apenas quince meses y ya ha tenido un efecto muy positivo. Hemos tomado conciencia de que, desde el productor primario hasta el establecimiento comercial, todo es cadena y cada uno tiene que tener un margen de rentabilidad (los sectores de la logística, transformación, insumos o el de la tecnología y maquinaria tan importante en Granada) pero evidentemente no a costa de los demás. En las crisis anteriores el ajuste siempre se había efectuado por el eslabón más débil: el agricultor o el ganadero. Sin embargo, el gran éxito de la Ley de la Cadena es que en un momento de alza de costes como el que estamos sufriendo se están manteniendo, aunque más estrechos, los márgenes de rentabilidad. Han subido los insumos pero al mismo tiempo los precios. En el marco de esta ley se han impuesto ya 279 sanciones. Hago una valoración positiva aunque es un periodo muy corto, queda mucho por hacer. En la última reunión del Observatorio ha habido un apoyo unánime al respecto, pero este es un cambio no solo mercantil y jurídico sino de cultura empresarial.

–Una última cuestión política, esta semana la votación de la reforma de la 'ley del solo sí es sí' y las manifestaciones del 8M ha evidenciado la fractura del Gobierno ¿Está viviendo la coalición sus mayores momentos de tensión?

–Que existan tensiones e incluso visiones diferentes sobre temas concretos es algo a lo que no estamos acostumbrados en España pero es normal en los gobiernos de coalición. Esta semana se ha producido una manifestación de ello. Había una ley que presentaba en su aplicación judicial efectos no queridos y había que corregirlo. Lo hemos tenido muy claro y se ha introducido esa proposición de ley con apoyo mayoritario en el Congreso y que desde Unidas Podemos no ha tenido apoyo. Hay Gobierno hasta final de la legislatura, así lo ha asegurado el presidente y así lo creo yo también, pero entiendo que mucha gente pueda entender que las divergencia entre los socios de Gobierno existen y a los ciudadanos les corresponde juzgar. En el panorama político español, según ha quedado configurado en las dos ultimas Elecciones Generales y probablemente quedará en las próximas también, ningún partido político podrá obtener apoyo para gobernar por si solo. Es una realidad y hay que enfrentarse a ella.