Las ordenanzas que están en el punto de mira de Vox

En concreto, apunta a la ordenanza fiscal nº 25, que determina la fórmula a seguir para que los ciudadanos hagan frente al impuesto por generación de basura, y a la de movilidad sostenible, que sienta las bases sobre las limitaciones a la circulación de vehículos contaminantes en buena parte del término municipal nazarí.

La formación aún no ha explicado su argumentación judicial para oponerse a las ordenanzas, aunque sí ha recordado que políticamente ya rechazó en el pleno ambos textos al considerarlos una «imposición ideológica» contra los granadinos.

La primera de las normativas tiene su origen en una directiva europea que abogaba a los países miembro a implementar cambios que fomentaran el tratamiento de los residuos y la economía circular. La traslación al sistema español de la normativa fue realizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, posteriormente, fue adaptada por los ayuntamientos, que tenían hasta comienzos de abril para hacerlo.

En el caso de Granada, tras un estudio del área de Economía, se abogó por un sistema doble que incluye una parte fija calculada a partir del valor catastral del inmueble y una variable que depende la zona en la que se ubique. El objeto de esta fórmula es promover, tal y como refleja el espíritu de la directiva europea, que quien más basura genera pague más.

El texto se aprobó de urgencias a finales de marzo para cumplir con los plazos del Ejecutivo. El equipo de gobierno, no obstante, ya advirtió que haría una nueva modificación a lo largo de este año para ajustarla de manera definitiva a la realidad de la ciudad antes de su entrada en vigor, prevista en 2026.

La segunda de las normativas es la que regula la movilidad sostenible en Granada. Su modificación fue efectuada con motivo de la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, aunque el equipo de gobierno aprovechó también para ajustar otras cuestiones en materia de movilidad -desde la señalización a la carga y descarga, entre otras- que estaban desactualizadas.

Los principales cambios, sin embargo, tenían relación con las restricciones a la circulación por el núcleo urbano de los vehículos más contaminantes. Se trata de una medida que también tiene su origen en las políticas europeas y que se ha trasladado a la legislación española por el Ejecutivo.

En Granada, la propuesta deriva del planteamiento anunciado por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo a comienzos de 2024, tras rechazar el modelo anterior que había sido aprobado en tiempos del bipartito -PP y Cs- con el apoyo del PSOE. El nuevo sistema, que se encuentra en vigor desde hace un mes, establece limitaciones a la circulación de los vehículos sin distintivos que no estén registrados en la capital, que solo pueden entrar a la ciudad en algunos casos excepcionales.

La aprobación de la ordenanza se hizo a finales de marzo también y contó con el rechazo tanto del PSOE como de Vox, aunque por diferentes motivos.