Los operadores jurídicos de Granada vaticinan el caos si no finaliza la huelga

Y eso es lo que está pasando desde que, el pasado 17 de abril, siete de cada diez trabajadores de los juzgados de la provincia (el seguimiento, según los sindicatos convocantes, está siendo del 70 por ciento) decidieran sumarse a la huelga convocada a nivel nacional por CCOO, UGT, CSIF, STAJ y SPJ-USO para exigir unos salarios justos -tras lograr los LAJ con su huelga una subida en sus retribuciones- y unas funciones claras y definidas.

Primero fueron paros parciales de tres horas de lunes a viernes (de 10.00 a 13.00 horas), pero en la última semana de mayo, ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones –y un acuerdo con jueces y fiscales que redujo su anuncio de huelga a un amago–decidieron endurecer sus acciones y pasaron a la huelga indefinida de jornadas completas. Eso fue exactamente el 22 de mayo.

Desde entonces, se podría decir que la Justicia anda como pollo sin cabeza. El goteo de aplazamientos ha sido incesante e infinidad de trámites se han quedado congelados. Los letrados acuden a las sedes judiciales con la incertidumbre de si entrarán o no a juicio o de si encontrarán en su puesto al funcionario encargado de su expediente.

Para el justiciable, el ciudadano que aguarda una vista, está siendo como una lotería. Aspira a tener un poco de suerte y que ese día, el auxilio judicial no esté ausente (sin él no se puede celebrar una vista). En todo el país ya son más de un millón los juicios suspendidos por la huelga de funcionarios. En nuestra provincia no hay cifras oficiales, pero los sindicatos hablan de «miles».

El juez decano del Partido Judicial de Granada, Alberto del Águila, advierte de la gravedad de la situación. Habla de un «daño irreparable» y pide una solución urgente para que la negociación llegue a buen puerto y se evite el naufragio de los juzgados.

Ya la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que duró dos meses a principios de este año, generó disfunciones que se estaban empezando a solventar gracias al esfuerzo del resto de operadores. Fue el inicio de una paralización que está causando estragos.

«Actualmente la situación es bastante complicada, bastante grave», afirma el juez decano, que ha realizado un sondeo y, mientras que la huelga de los LAJ afectó mucho a unas jurisdicciones (civil, social y contencioso) y menos a otras, está alterando de forma importante al normal funcionamiento de un 80 por ciento de los órganos. «En mi juzgado, por ejemplo, llevo prácticamente desde el principio de la huelga sin celebrar juicios», desvela.

Del Águila confirma que la situación «se está agravando día a día» y que luego va a tener muy difícil solución, dado el panorama político actual y a que la paralización no solo afecta a la vistas, sino a toda la tramitación de los pleitos. El número de escritos sin proveer ya alcanza las cuatro cifras, apunta como dato ilustrativo. «Hay compañeros que me transmiten mucha preocupación», detalla. Y es que hay juzgados que mantenían plazos razonables gracias a un esfuerzo de muchos años y que se han venido abajo en unos meses. Las vistas suspendidas, corrobora, son ya «miles». «La situación es tan complicada que el colapso prácticamente se está produciendo ya».

Es indiscutible que el administrado, el ciudadano, fue y es el principal perjudicado de estas protestas, que van más allá de subidas salariales. Pero también se está haciendo un innegable daño al colectivo de los letrados, que llevan casi cinco meses sin percibir sus honorarios, ya que cobran cuando los asuntos se cierran.

Así lo pone de relieve el decano de los Colegio de Abogados de Granada (ICAGR), Leandro Cabrera, quien ofrece un dato significativo: «La tasa de pendencia -los asuntos pendientes frente a los resueltos- se disparó en los juzgados y tribunales de la provincia hasta el 16,2% en el primer trimestre de este año, frente al -12% de ese periodo de 2022; y ahí aún no se refleja el impacto del paro de los funcionarios».

Para el decano de los letrados, estamos sin duda ante una situación «insostenible» que está poniendo en serio peligro a su colectivo, que aún no se había recuperado de los perjuicios de la crisis sanitaria por la Covid-19. Cree que, de persistir, habrá compañeros que tengan que colgar la toga.

«Nuestros ingresos merman por un conflicto en el que la abogacía no tiene capacidad de decisión, mientras que los gastos profesionales se mantienen, por lo que desde el Colegio de Abogados de Granada advertimos de las dramáticas situaciones que están viviendo muchos colegiados y del grave riesgo de que la paralización de la Justicia desemboque en el cierre de muchos despachos», subraya.

Junto a ello, Cabrera denuncia que a confianza de los clientes se está viendo resquebrajada, pues «no entienden, como es lógico, por qué la resolución de sus asuntos, endémicamente lenta, se pospone aún más». Hay juicios, revela, que se están señalando ya «para 2025».

Por eso, al igual que el juez decano, apela «a la responsabilidad y a la obligación moral de las partes implicadas en este conflicto para poner fin a este preocupante y disparatado escenario».