Oliver culpa a la informática del incobro de 43 millones de euros en multas de tráfico

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Granada/RAMÓN L. PÉREZ
El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Granada / RAMÓN L. PÉREZ

El concejal de Economía reconoce dificultades en el trámite de recaudación y prevé que las medidas en marcha beneficien al nuevo gobierno

R.I.Granada

IDEAL adelantó que, entre 2015 y 2016, el Ayuntamiento de Granada- en pleno periodo electoral y bajo el gobierno de Torres Hurtado- no cobró 43 millones de euros en multas de tráfico. Además, a través de un informe del interventor, este medio pudo saber que al final de 2018, con Francisco Cuenca en la alcaldía, el Consistorio tenía todavía pendiente el cobro de 42,68 millones de euros en multas. Dinero con el que la casa de todos los granadinos podría saldar la deuda que mantiene con Transportes Rober o Inagra.

Tras la Junta de gobierno celebrada ayer, el concejal de economía Baldomero Oliver culpó a la burocracia y el complicado sistema informático del incobro de las sanciones por incumplimiento de la ordenanza de circulación. El edil aseguró que, aunque se dispone de personal suficiente, el ayuntamiento no ha sabido dotarse de instrumentos informáticos más rápidos para realizar los cobros. Oliver manifestó que el próximo equipo de gobierno podrá mejorar la recaudación gracias a las medidas que ha implementado el actual ejecutivo.

La administración destacó que, desde finales de 2016 hasta noviembre del año pasado, consiguió ahorrar más de cinco millones y medio de euros en la mejora de los contratos de servicios. Por otra parte, se acordó pedir un crédito de 80.000 euros para afrontar la aportación económica que debe hacer el Consistorio dentro de programa de experiencias profesionales de empleo al que la Junta ha destinado 767.000 euros en la capital. En la junta se aprobó el pago de 1,3 millones de euros tras la decisión judicial de compensar a los propietarios de unas parcelas expropiadas en la Chana en el anterior mandato.