La Oficina Antifraude andaluza tramita dos denuncias contra funcionarios de Granada

Según ha detallado a IDEAL Ricardo Puyol, que fue nombrado en el origen director de este organismo, esas dos denuncias están dirigidas en concreto contra dos funcionarios, uno de un ayuntamiento de la provincia y otro de un órgano periférico de la Junta de Andalucía.

Estas denuncias serán analizadas y podrán desviarse a la vía penal en función de la gravedad de la irregularidad tras ser verificada. Y es que si se apreciasen indicios de delito se dará traslado del caso a la fiscalía provincial.

Antes de la pasada Navidad ya se había formado el equipo inicial de esta oficina que, si no ha empezado a funcionar técnicamente antes, ha sido porque dependía del desarrollo y aprobación de su reglamento jurídico interno, algo que no sucedió hasta finales de abril. También estaba pendiente de que fuera configurada su estructura económica y de que se aprobase la relación de puestos de trabajo, lo cual sucedió en junio. Y aparte, no hay que olvidar que hubo un proceso electoral intermedio, algo que suele ralentizar las dinámicas administrativas.

Fue a principios del mes de mayo cuando comenzaron a recibirse las primeras denuncias en este organismo, que ya se ha incorporado a la red nacional de oficinas antifraude y que actuará «con plena autonomía e independencia funcional en el desarrollo de su actividad». Actualmente su plantilla la forman once personas contando con el director.

En los meses en los que aún no estaba operativa técnicamente la oficina, se recibieron algunos escritos más, pero tras analizar su contenido hubo que hacer «un sesgo», ya que en algunos casos no se trataba exactamente de denuncias como tal. «La oficina ya sí ha empezado a dictar resoluciones en relación al contenido de las denuncias que se han presentado», señala el director, que explica que la oficina, lo primero que hace, es una labor de verosimilitud de la denuncia para determinar si merece ese calificativo. Se trata de «ver si contiene datos o hechos relevantes en relación al ámbito objetivo de la oficina, que es el examen, el control o la fiscalización de presuntas irregularidades en el marco de la corrupción pública, el conflicto de intereses, el enriquecimiento ilícito de algún funcionario o cualquier tipo de atentado al contenido básico de las normas de transparencia, por ejemplo».

A partir de ahí, lo que hace la oficina es requerir al organismo al que se dirige la denuncia un informe sobre la información facilitada por el denunciante. «Si entendemos que la información de descargo que aporta el organismo, junto con la documentación que se suele acompañar, es merecedora de archivar la denuncia, se procede al archivo», aclara Puyol, al tiempo que agrega que si no es así se inicia «el propio procedimiento de instrucción», en cuyo marco se recaban informes de manera oficial y documentación.

Si al final la oficina atisba cualquier suerte de irregularidad en la conducta de algún funcionario público o autoridad pública, «si es de carácter jurídico-penal, la deriva al fiscal». Y si no supera los límites de la infracción penal, sino que se queda en una infracción de carácter administrativo, se deriva el asunto a los órganos disciplinarios correspondientes dentro de cada sector de la administración, a fin de que se corrija la irregularidad detectada.

Junto a ello, Puyol recuerda que existe desde 2019 una importante directiva comunitaria para la protección de la persona denunciante en casos de corrupción y, por eso, otra de las funciones de la oficina que dirige es adoptar medidas de protección integral a quien denuncia, «que generalmente serán funcionarios públicos cuando estén recibiendo alguna suerte de hostigamiento en el ámbito de la unidad administrativa donde se detecta la irregularidad que es objeto de la denuncia». Y en ese campo, como recala el directo, la oficina tiene unas importantes funciones «de cautela y de tutela».

Los promotores de las denuncias que aterrizarán en este organismo serán los propios «funcionarios», pero la ley habilita que cualquier persona que tenga conocimiento de una posible irregularidad en el ámbito público pueda trasladarlo a la oficina, que por cierto tiene también potestad sancionadora.

De los asuntos recibidos hasta ahora, el director –lógicamente– no da detalles, pero sí confirma que no hay ninguno de la entidad, por ejemplo, del caso de los ERE. Puyol, que no niega que donde hay poder hay corrupción, cree que la corrupción se puede prevenir, algo en lo que su oficina jugará un papel fundamental en el ámbito de la administración andaluza.