El nuevo curso judicial trae el primer juicio del caso Nazarí tras un lustro de investigación

Será el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, cuyo titular es el juez Manuel Piñar (el mismo que condenó a Juana Rivas), quien se encargará de enjuiciar el 21 de octubre a los acusados en esta pieza, denominada 'Expediente Obispo'. Entre ellos están el exregidor y la que fuera su edil de Urbanismo, Isabel Nieto. Ambos compartirán banquillo por supuestas ilegalidades en el edificio donde residen en la urbe, que se halla en la calle Obispo Hurtado. En este asunto la fiscalía no ha formulado cargos, pero llegará a la sala de vistas por los formulados por otras acusaciones.

Cabe recordar que la pasada primavera la Audiencia de Granada se declaró incompetente para enjuiciar esta pieza, que se ha seguido por posibles delitos de prevaricación común y urbanística y tráfico de influencias. Torres Hurtado y Nieto no estarán solos; se sentará con ellos para rendir cuentas ante la justicia el que fuera jefe de Licencias en aquella etapa popular, el funcionario E. M. H.

En cuanto al estado de las otras piezas separadas del que puede considerarse el caso de presunta corrupción urbanística más importante de Granada y con más eco mediático, tres de ellas ya han sido archivadas y otras cuatro siguen 'vivas', en fase de instrucción.

Como recordaron las fuentes consultadas por IDEAL, acabaron sobreseídos durante el anterior curso judicial los expedientes 'Registrador', 'PP-T1 (Cerrillo de Maracena) y 'Parkings'. Aparte, está la denuncia que el funcionario Jacobo de la Rosa, exdirector de Urbanismo del Consistorio granadino, había formulado contra Nieto por supuesto acoso, que se acabó vinculando a la causa y terminó en absolución. Sobre el expediente Registrador, centrado en las obras de adaptación de una oficina de la calle Tórtola, tendrá la última palabra no obstante el Tribunal Supremo (TS), pues hubo un recurso contra su archivo.

En ese expediente, al igual que en el de los aparcamientos, fue la fiscal que está interviniendo desde el inicio en esta macrocausa penal, Sara Muñoz-Cobo, quien interesó que no se siguiera adelante, que se diera carpetazo. En el primero, por entender que las irregularidades detectadas no constituían delito. En el segundo, por la prescripción de las supuestas irregularidades bajo sospecha.

Los expedientes que permanecen en fase de instrucción todavía son, según las fuentes, el de las obras de un residencial y de desvío de un barranco en Casería de San Jerónimo; el del Pabellón Mulhacén del Zaidín, una pieza donde el empresario Ramón Arenas ejerce una beligerante acusación; el del Campus, que versa sobre una residencia que no se llegó a hacer; y el del edificio Progreso, en el que se analizan presuntas anomalías en los usos de la construcción que acoge la sede del PP.

En los próximos meses, se espera que haya citaciones y periciales en el marco de estas piezas de la Nazarí, las cuales robarán titulares en la crónica judicial local. Se da la circunstancia de que a finales de julio el juzgado que dirige la magistrada Jiménez ordenó que se prorrogase la instrucción en esas cuatro piezas, una decisión que fue recurrida por la defensa de Nieto ante la Audiencia de Granada, por lo que el pronunciamiento del tribunal provincial será igualmente noticia.

El caso Marchelo es, probablemente, la causa penal que más tiempo lleva en los juzgados de Granada en fase de instrucción, que es en la que se practican pruebas y se toman declaraciones para valorar si unos hechos tienen o no alcance penal. El asunto, cuya tramitación va ya para quince años (el expediente judicial se inició el 23 de mayo de 2006), se halla en el juzgado mixto número 2 de Santa Fe y, a fecha 14 de septiembre, seguía pendiente de que se dictara el auto de apertura de juicio oral. Tras esa resolución, las defensas podrán presentar, en el plazo de un mes, sus escritos de disconformidad con los cargos formulados contra la quincena de acusados que figuran en el proceso.

En el marco de este procedimiento se han mirado con lupa varias operaciones urbanísticas siendo alcalde José Guerrero (PP): el proyecto de urbanización e instalaciones del Parque Municipal-Mercadillo Ambulante de Alhendín, las obras del Parque Empresarial Alhendín, y la construcción del conjunto residencial Novosur y de una gasolinera

La investigación se ha dilatado tanto en el tiempo por diversos motivos. Entre ellos, los distintos cambios de juez que ha habido en el órgano y la saturación que arrastran este y los otros órganos mixtos santaferinos. A ello hay que sumar que cuando en 2012 ya se había pasado a la fase de preparación del juicio oral, se dio marcha atrás para practicar pruebas complementarias solicitadas por la fiscalía.

En este asunto hay tanto políticos como empresarios procesados, siendo uno de ellos el marido de la popular presentadora televisiva Ana Rosa Quintana. Las fuentes del caso consultadas por este diario indicaron que, además de la fiscalía, ya han formulado cargos un empresario gasolinero que ejercer una de las acusaciones, la fiscalía y la Abogacía del Estado. El ministerio público pide penas de hasta 26 años de prisión para un exedil de Urbanismo.

El Tribunal Supremo (TS) todavía tiene que pronunciarse sobre la sentencia que condenó a la exedil de Urbanismo Isabel Nieto a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación por la construcción de una sala de fiestas en una zona verde aledaña al Serrallo Plaza. El Ministerio Fiscal finalmente no recurrió el fallo, que absolvió a los concejales que votaron a favor en el expediente de municipal esta discoteca. Además de Nieto, resultaron condenados el antiguo director general de Licencias y el promotor de la obra, Roberto García Arrabal, como «cooperadores necesarios». El exalcalde José Torres Hurtado fue exculpado.

Fueron los condenados quienes recurrieron la resolución, así como las acusaciones a las que se les impusieron las costas del enjuiciamiento de los ediles absueltos. Dichas acusaciones son, como recordaron fuentes del caso, el partido político VOX, un exfuncionario del Ayuntamiento de Granada de iniciales J. S. P. y la empresa General de Galerías Comerciales, que pertenece a Tomás Olivo, dueño del Centro Comercial Nevada de Armila.

Aunque en la vía penal la denuncia que se había formulado contra la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la cesión onerosa de este palacete situado en el Albaicín a una oenegé con sede en París (AIDE) ya se archivó, queda un fleco judicial que cortar. El abogado de AIDE recurrió ante el TS la decisión de la Audiencia de avalar la decisión de un juzgado civil de resolver el contrato y devolver a la ciudad el histórico edificio de la cuesta de Santa Inés. Y según fuentes del caso, el TS no se ha pronunciado aún. Se espera que lo haga en estos meses.