La nueva ley del suelo desatasca la tramitación urbanística de 134 municipios de Granada

Los promotores inmobiliarios, alcaldes de uno y otro signo político y los propietarios de viviendas en situación irregular demandaban una simplificación normativa que llega con la aprobación de la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) por parte del Parlamento esta semana.

La simplificación de trámites, la reducción de los procesos para aprobar los planes urbanísticos, que establece una nueva calificación de terrenos –sintetizando solo entre urbanos y rústicos– son las principales ventajas de esta nueva norma, que pretende unificar la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), la Ley de Ordenación del Territorio, transforma 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos para ganar agilidad en la tramitación de la documentación de los planes. La intención es reducir las tramitaciones urbanísticas de los planes de ordenación municipales de una década de media a solo dos años.

La Asociación de Constructores y Promotores de Granada destaca que pese a la agilización de la tramitación que brinda la nueva ley a los consistorios se «proporciona total garantía jurídica». Francisco Martínez Cañavate, presidente de los promotores, explica que con la LISTA en vigor si se determina la invalidez de parte de un instrumento de ordenación o planeamiento no afectará al resto de planeamientos. Antes, la nulidad de uno de ellos suponía una invalidación completa de todo el plan y obligaba a los consistorios a iniciar prácticamente de nuevo el proceso y esperar todos los informes sectoriales de la s consejerías, que ahora serán menos complejos.

La LISTA abre también la posibilidad de construir viviendas aisladas en suelo rural. A Juicio de Martínez Cañavate, «ayudará a generar riqueza en pequeñas poblaciones y evitará la España vaciada, ya que serán muchos los interesados en instalar su residencia habitual o su segunda casa en pueblos que ahora tiemblan por la despoblación y en zonas en las que antes no estaba permitido edificar». Únicamente estará prohibido construir en suelo rústico cuando esté especialmente protegido, algo que lastra un poco el desarrollo de algunos pueblos de la Costa, que esperan «como agua de mayo» a que se modifique el Plan de Ordenación del Territorio (POT) para flexibilizar los usos del suelo y poder, por ejemplo, establecer plantas de renovables en zonas protegidas.

En los Guájares, municipio de poco más de 1.000 habitantes, el alcalde, Antonio Mancilla, explica que con la agilización de plazos e informes sectoriales por primera vez el Ayuntamiento abordará la redacción de un plan urbanístico. «A los que no contamos con PGOU nos viene bien. No tenía sentido que en municipios tan pequeños y con las posibilidades de expansión tan limitadas por los planes regionales nos tiráramos una década, cuando nuestros recursos son muy limitados, tramitando un plan», dice. «Con estas modificaciones podremos elaborar un PGOU que nos permitirá modificar cerca de un 10% del suelo cercano al núcleo urbano», asegura. Mancilla lamenta que las localidades «más protegidas» de la comarca, Vélez de Benaudalla, Otívar, Jete y Lentegí se ha lastrado mucho el desarrollo y han perdido oportunidades. «Hace poco se quería instalar un parque eólico en la localidad, dentro de un plan para crear una central hidroeléctrica entre Vélez y los Guájares, y se ha tenido que mudar solo 50 metros, al término municipal de Pinos del Valle, porque aquí estaba prohibido construirla. Es absurdo que solo en un par de municipios se nos limite construir hasta una casa de aperos», lamenta. En otras localidades, como en Carchuna, la modificación facilita que en los terrenos rústicos junto a la playa puedan construirse también viviendas.

Solventar irregularidades

Antonio Granados, el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, celebra que el nuevo plan de suelo facilite la tramitación a los pequeños pueblos y solvente algunas irregularidades. «No son las mismas necesidades las que puede tener una ciudad como Motril o Almuñécar como una localidad de la Alpujarra», apunta. «El cambio hace la vida más fácil a los ayuntamientos, algunos como Moclín u Ogíjares tuvieron que empezar de nuevo sus planeamientos, mientras que otras localidades de la Alpujarra, como la Peza, o la comarca de Guadix empiezan a impulsar sus planeamientos», señala.

Para el delegado, la LISTA brinda también la opción a las localidades de subsanar ciertas irregularidades. Muchas de las zonas estaban declaradas como suelo rústico, pero se edificaron. En Moraleda de Zafayona en la urbanización Tablazo hay 600 casas fuera de ordenación que ahora quedarán reguladas. Granados asegura que, a pesar de que los trámites y las calificaciones del suelo se modifiquen, Granados destaca que no se desafía la protección medioambiental. Sin embargo, la norma cuenta con la oposición de los ecologistas, que temen que pueda fomentar la especulación. «Se pretende pivotar la recuperación económica de Andalucía en el ladrillo, que favorece la especulación y las burbujas financieras que ya hemos sufrido en nuestro país, y que nos han llevado a la ruina», denuncia Ecologistas en Acción Granada. «También potencia la corrupción, que sufrimos con carácter endémico, ligada a la facilidad de revalorizar suelos de forma ficticia mediante recalificaciones», sentencian. La entrada en vigor de esta ley se producirá en menos de 20 días una vez que concluya la redacción de los reglamentos.