La nueva ordenanza de movilidad de Granada acerca la zona de bajas emisiones
El plan de restricciones que se activará a comienzos de abril estará terminado «a final de mes» tras la aprobación de la normativa, que rechazaron PSOE y Vox
La mayoría absoluta del Partido Popular permitió ayer la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad que regirá en la ciudad. La normativa, cuya modificación ... era imprescindible para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, encontró el rechazo tanto del PSOE como de Vox, que criticaron el procedimiento seguido por el equipo de gobierno y coincidieron en su rechazo al impacto económico que conllevarán las restricciones.
Durante la sesión, que se celebró a las diez de la mañana en el salón de plenos, la edil de Movilidad, Ana Agudo, defendió un texto que reúne todas las ordenanzas vinculadas a la movilidad existentes hasta ahora y que permite actualizar a la ciudad normas relacionadas, entre otras materias, con los aparcamientos de rotación, la carga y descarga, el paso de camiones de gran tonelaje por la red urbana o la colocación de señales.
La concejala, que destacó que la elaboración de la ordenanza ha seguido un «amplio proceso participativo», recordó también la «importancia» que la modificación tiene para la puesta en vigor de la futura zona de bajas emisiones, que debe arrancar en abril.
El texto permite dar soporte legal a las limitaciones, que dependen de un proyecto que aún se está elaborando y al que aludió Agudo al asegurar que estaba próximo a su culminación. Según dijo, será «a final de mes» cuando esté concluido, una labor para la que se están empleando los datos del estudio de impacto económico encargado el año pasado por el área.
«Afán recaudatorio»
La posición de los populares no encontró el respaldo de PSOE y Vox, que cargaron contra la ordenanza. La concejala del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, tildó de «improvisación» y «patada adelante» la gestión de Movilidad en relación con el nuevo texto y lamentó el impacto que tendrá sobre una zona de bajas emisiones que, en su opinión, carece de «medidas para reducir la contaminación, como la puesta en marcha de líneas coordinadas».
A su juicio, la ciudad requiere «un plan de calidad del aire serio y eficaz que garantice y ofrezca seguridad a los ciudadanos ante los graves efectos en la salud que está provocando la polución» y señaló el «afán recaudatorio» de la zona de bajas emisiones planteada por el Gobierno local, «que solo busca aumentar ingresos a través de multas e impuestos al aparcamiento».
Por su parte, la concejala del grupo municipal de Vox, Mónica Rodríguez, puso el foco sobre el procedimiento seguido por el PP y criticó el efecto que tendrá sobre una zona de bajas emisiones «sobre la que no se ha debatido en pleno». La concejala recordó el rechazo de su formación a una medida «de la que aún no se tienen los datos del impacto económico que tendrá para los negocios y el comercio» y lamentó el «afán recaudatorio» que percibe en su aplicación.
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