La nueva ordenanza de ayuda a domicilio encarrila su aprobación definitiva

El texto tiene como origen la modificación que la Junta de Andalucía realizó en la normativa que regula la ayuda a domicilio a nivel autonómica. Desde entonces, profesionales, técnicos municipales y grupos políticos han estado debatiendo sobre una ordenanza que busca, como explicó ayer la concejala de Derechos Sociales, Jemima Sánchez, «garantizar derechos y deberes de los usuarios y trabajadores» y «organizar el servicio».

Entre otras novedades, el texto propone reducir la burocracia y dar seguridad a las familias a través de la ampliación del periodo de ayuda. Asimismo, regla claramente las labores a desempeñar por los auxiliares de la ayuda a domicilio, que en la actualidad ejercen más de 700 personas en la capital nazarí, «para dignificar su labor y evitar que se confunda con otros servicios».

Asimismo, fruto de la participación de las diferentes formaciones, la ordenanza recoge también medidas como la ampliación del servicio a los fines de semana y el respeto de los derechos religiosos de las personas asistidas, una petición en la que el Partido Popular había hecho especial hincapié durante las comisiones de seguimiento.

La aprobación por unanimidad del texto permite pasar la ordenanza al periodo de alegaciones, fase previa a su aprobación definitiva por los concejales granadinas. Será, no obstante, con la nueva corporación que salga de las urnas tras el 26 de mayo, algo a lo que se comprometieron ayer los portavoces de los distintos grupos municipales.

El trámite, por otra parte, sirvió para poner de manifiesto las profundas diferencias entre los grupos a la hora de remunicipalizar o no el servicio, cuya concesión se encuentra prorrogada desde el pasado mes de noviembre. Izquierda Unida, 'Vamos, Granada', PSOE y la edil no adscrita, Pilar Rivas, manifestaron su voluntad de devolver al Consistorio la gestión de la ayuda a domicilio, algo que, según el edil Francisco Puentedura, «permitiría mejorar las condiciones laborales y de prestación del servicios». Esto fue criticado por el PP y, sobre todo, por Ciudadanos, que acusó al resto de formaciones de «electoralismo»

Asimismo, el pleno dio ayer vía libre a la construcción de un hostal en el Paseo del Violón con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP y Ciudadanos. Se trata de un proyecto controvertido que ha contado con el rechazo de los vecinos, que alegaron contra una propuesta que permite a los responsables construir un edificio que aloje más de 150 camas.

Tanto la portavoz de 'Vamos, Granada', Marta Gutiérrez, como el de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, se posicionaron en contra del proyecto al considerar que el equipo de gobierno no había tenido en cuenta las alegaciones de los vecinos y que el alojamiento viene a acentuar el problema con el turismo no reglado que padecen las ciudades españolas en estos momentos.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, aseguró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite en la parcela proyectos como el del hostal y negarse al proyecto hubiera supuesto «pedirle a los funcionarios que prevariquen».

Los votos de los ediles socialistas y la abstención del resto de fuerzas permitió también la aprobación de una modificación en la parcela en la que se encuentra la ciudad deportiva del Granada, donde el club construirá los equipamientos deportivos de régimen público a los que se comprometió hace cinco años cuando acordó con el Consistorio la cesión de los terrenos.

El proyecto especifica que un 10% de los metros cuadrados de esta parcela, de titularidad municipal, será ocupado por instalaciones deportivas que debe construir el Granada para ponerlas a disposición de los vecinos de la zona.

Aunque el proyecto salió adelante, tanto desde Izquierda Unida como desde 'Vamos, Granada' se alertó al equipo de gobierno para que revisara el grado de cumplimiento del acuerdo de cesión con el club y «que no pase como con el pabellón Mulhacén».

Asimismo, los ediles validaron la titulación de una plaza con el nombre de Manuel Fernández-Montesinos, alcalde de la ciudad fusilado tras el golpe de estado de 1936. El edil popular Fernando Egea, familiar del regidor asesinado, dio las gracias en nombre de la familia y pidió que la placa incorpore también su segundo apellido. Por su parte, Puentedura reclamó que se dé el nombre de Ricardo Corro, el tercero de los alcaldes asesinados durante la guerra civil, a una vía, algo que, según el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, «ya se encuentra en trámite».