La nueva ley que regula el uso del patinete ve la luz desde Granada

El lazo granadino con esta nueva medida, que pretende mejorar la seguridad vial y los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico, es el abogado Javier López y García de la Serrana, director de HispaColex y presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Las novedades más relevantes del Proyecto de Ley es la previsión de un seguro obligatorio para vehículos personales ligeros (VPL), como los patinetes.

La nueva ley establece una clara distinción entre vehículo a motor y vehículo personal ligero (VPL), antes conocidos como vehículos de movilidad personal. A partir de su aprobación definitiva se considerará vehículo a motor todo aquel automóvil accionado por fuerza mecánica que circula por el suelo, sin vía férrea, con una velocidad máxima de fabricación superior a 25 kilómetros por hora, o un peso neto máximo superior a 25 kilogramos y una velocidad máxima de fabricación superior a 14 kilómetros por hora. Esta categoría también incluye remolques y semirremolques. Sin embargo, quedan excluidos los ferrocarriles, tranvías, y ciertos vehículos de apoyo para personas con movilidad reducida.

Por su parte, los Vehículos Personales Ligeros (VPL) son una nueva categoría introducida por el proyecto de ley, que no cumplen los criterios para ser considerados vehículo a motor y para los cuales se crea un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Los VPL se definen como vehículos de una única plaza propulsados exclusivamente por motores eléctricos.

Sus características distintivas son una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 25 kilómetros hora y si su peso es inferior a 25 kilogramos, o entre 6 y 14 kilómetros hora si su peso es superior a 25. Además, solo pueden llevar asiento o sillín si cuentan con sistema de autoequilibrado. La nueva normativa señala que quedan excluidos los vehículos de apoyo a la movilidad para personas con discapacidad y las bicicletas de pedaleo asistido con motor eléctrico auxiliar de baja potencia.

Una de las disposiciones que contempla la normativa es la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos personales ligeros que no estén incluidos en el concepto legal de vehículo a motor. Es precisamente en la regulación contenida en esta disposición adicional en la que los expertos trabajan ahora para que el Consejo de Ministros apruebe el reglamento.

Miquel Martín Casals, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona y presidente de la esta Comisión, señala la «suma complejidad» que ha supuesto la regulación de estos vehículos de movilidad como el patinete. «Ha sido un fenómeno espontáneo, en el que las personas han empezado a conducir estos vehículos, que da mucha movilidad y que da mucha libertad, pero sin darse cuenta de los peligros que incurren. El seguro se planteó para proteger, en primer lugar, a las víctimas que pueden ser atropelladas por estos vehículos, como también a los propios conductores. Existía un seguro voluntario que nadie contrataba y desde el 2015, que se hizo el nuevo sistema de valoración de daño corporal, las indemnizaciones han crecido mucho. Por lo que esta medida será una garantía para todos los ciudadanos», destaca el experto, que recuerda que en última instancia ante las víctimas responde el consorcio de compensación de seguros.

Esta reforma, con su enfoque en los VPL y la transposición de la directiva, marca una nueva etapa en la legislación del seguro obligatorio en España, sentando un precedente en cómo se abordan los nuevos riesgos y la protección de los perjudicados, pudiendo influir en otros ámbitos del derecho de daños.

Detrás, hay muchos años de trabajo donde los especialistas han realizado incluso hasta 286 encuestas a profesionales del sector. La Comisión está integrada también por Ana García Barona, secretaria general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; Celedonio Villamayor Pozo, director del Consorcio de Compensación de Seguros; Miquel Martín Casals, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona; Javier López y García de la Serrana, abogado experto en responsabilidad civil y seguros; Óscar Moral Ortega, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad); representando a las víctimas de accidentes de tráfico, Eugenia Domenech Moral; representante de las víctimas de accidentes de tráfico, Manuel Mascaraque Montagut; director de UNESPA, en representación de las entidades aseguradora;, Luis Bermúdez Odriozola, director de la asesoría jurídica de Mutua Madrileña; Luis Sáez De Jáuregui Sanz, subdirector general de AXA; en calidad de actuario de seguros. Además, cuentan con el asesoramiento de Alejandro Izuzquiza, con más de 43 años de experiencia en el sector asegurador

Esta Comisión fue creada por orden de los Ministerios de Economía y de Justicia el 27 de octubre de 2016 para la reforma del sistema de la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Sin embargo, los expertos aportan desde 2010 su experiencia y conocimiento al Gobierno. De hecho, es la segunda ley en la que el abogado granadino interviene. López y García de la Serrana destaca que la interacción entre la Comisión de Seguimiento y los Ministerios de Justicia y Economía ha sido «fluida y constructiva», con un canal de comunicación abierto y disposición a la escucha, lo que es fundamental para «normas eficaces y justas».

Por último, López y García de la Serrana explica que la nueva normativa incorpora las directrices marcadas por la Unión Europa, lo que completa el marco jurídico armonizado para todos los países miembros , introduce mejoras significativas del sistema de protección de los terceros perjudicados en accidentes de circulación e incorpora un nuevo título dedicado a la protección de datos personales para dar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.