Los planes contra los cortes de luz en Norte solo logran blindar a una isla de cien familias

Esa parte de Cartuja, sin embargo, es una isla en Granada. Se trata de un núcleo donde todos los vecinos tienen contratos, se han unido como colectivo, han mantenido múltiples reuniones con administraciones y la compañía ha acabado realizando las inversiones que demandaban. No ocurre así en otras partes de la ciudad y el resultado es que puntos como Almanjáyar, Rey Badis o La Paz y zonas más distantes como Haza Grande mantienen interrupciones. Así lo confirman diferentes vecinos con los que IDEAL ha contactado y que prefieren mantenerse en el anonimato. Aseguran que la situación «está lejos de resolverse» y hablan de cortes «prácticamente a diario».

La situación contrasta con la ofensiva realizada en los últimos años para atajar un problema que es, ante todo, «social». Desde hace tiempo, las administraciones realizan un seguimiento de las interrupciones. Existe una mesa técnica y una mesa política en la que se abordan actuaciones conjuntas y participan todos los actores implicados.

En la última sesión, celebrada este jueves, las instituciones pusieron en valor sus últimos movimientos. El Gobierno destacó el número de actuaciones policiales para intervenir cultivos de marihuana, una práctica que en muchos puntos no es independiente de los cortes. En los primeros cuatro meses de este año la Policía ha dado 1.540 apoyos a a Endesa en la lucha contra los enganches ilegales o a servicios contra el cultivo de estupefacientes, el doble que en el mismo periodo del ejercicio anterior, que fueron 768. Como resultado, han aparecido menos plantas de marihuana: 4.480 frente a las 9.809 halladas en los mismos meses de 2023.

Por su parte, la Junta habló del aumento de las inspecciones en los bloques para revisar el estado de los transformadores. Fruto de esa labor se han detectado dispositivos manipulados. El Ayuntamiento reivindicó la mejora a la hora de facilitar la comunicación entre los vecinos afectados por los cortes y la compañía. Desde hace unos meses, existe un teléfono a disposición de los vecinos para notificar las interrupciones y un trabajador municipal ayuda a los afectados a dar parte. También ha sido importante el papel mediador entre los vecinos y la compañía eléctrica de la alcaldesa de barrio, Elisa Campoy, según apuntan los propios residentes de Norte.

Toda esta acción se ha acompasado con una mayor inversión de Endesa en la zona. De acuerdo a los datos aportados por la suministradora, se han destinado más de 10 millones al desarrollo de nuevas infraestructuras, quitar la sobrecarga de las acometidas y montar otras nuevas en los barrios afectados. A estas intervenciones se han sumado otras, como la sensorización de todas las instalaciones para agilizar la respuesta ante las incidencias.

Por zonas, Norte es uno de los distritos que concentran una mayor inversión. Según Endesa, la subestación de Pulianas tiene hoy un 57% más de potencia que hace una década. Además, el distrito cuenta con un refuerzo de la red de media tensión, 15 nuevos transformadores de baja tensión y 30 kilómetros de cableado nuevo. Haza Granada también reúne actuaciones de mejora. En 2021 se construyeron dos transformadores de 1000 kilovatios de potencia, celdas de media tensión y líneas de baja tensión. Otra docena más de mejoras en la red se realizaron para llevar la energía a las vivienda, que además ha visto como la red quedaba reestructurada. Así, esto ha permitido a la zona contar con un aumento de potencia del 200%.

La realidad de los cortes cotidianos para muchos de los habitantes del distrito, sin embargo, empaña las acciones efectuadas tanto por las administraciones como por la empresa suministradora. Las instituciones reconocen los pasos dados, pero consideran que «aún falta camino por recorrer». Así lo cree el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, quien asegura que la situación «evoluciona a mejor», aunque admite que se trata de un problema «complejo» que no da por finalizado. Insiste en que la causa es «multifactorial», con un fuerte componente «social» que es el que hay que afrontar «de forma coordinada» y «con medidas sociales».

Esta posición contrasta con la de la Junta. El delegado en la provincia, Antonio Granados, insistió el jueves en relacionar los cortes con los cultivos y exigió al Gobierno que aumente la tipificación de los delitos vinculados a esta práctica. En la misma línea se encuentran tanto el Ayuntamiento y la Diputación, cuyos representantes manifestaron públicamente la necesidad de reformar el código penal.

Endesa habla de un empeoramiento de la situación en los últimos años. Según sus datos, apenas un 45% de los hogares afectados por los cortes tienen contrato. El resto serían viviendas «en situación de fraude» que «están enganchadas ilegalmente sin variación en los últimos 10 años». La suministradora insiste en que «existe un problema de seguridad». Solo el último año, según asegura, «se han realizado más de 15 denuncias por acceso y manipulación de nuestras instalaciones» y recuerdan que las obras de los nuevos transformadores de Norte tuvieron que pararse «por amenazas a los trabajadores».

Hace dos semanas, el Consistorio pidió un refuerzo policial de la obra para que la compañía pudiera acabarlas. Subdelegación ordenó el apoyo de los agentes a los trabajadores el 30 de abril. Al cierre de esta edición, Endesa confirmó que se estaba coordinando el operativo con la Policía Nacional y que la actuación se había retomado.