«Muchas normas regulan los derechos de las personas con discapacidad, el problema es que se cumplan»

–¿Están bien reconocidos los derechos de las personas con discapacidad?

–Desde el punto de vista legal, la respuesta es afirmativa. Coexisten numerosas normas estatales y autonómicas que regulan expresamente los derechos de las personas con discapacidad en distintos sectores. El problema radica en su cumplimiento, ya que tanto por parte de la sociedad en general, como por parte de los operadores jurídicos sigue existiendo desconocimiento y reticencia en su aplicación.

–¿Cuáles son los principales avances del Derecho para este colectivo?

–Destacaría los cambios introducidos recientemente por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Desde el 3 de septiembre se ha puesto en valor la autonomía de la persona con discapacidad, se regula expresamente la atención a su voluntad, deseos y preferencias, se favorece el desarrollo pleno de su personalidad, en definitiva, se ha dado un paso importante para el respeto a la dignidad de la persona y la tutela de los derechos fundamentales.

–¿Y los principales retos a los que debe hacer frente?

–El principal reto es continuar avanzando y no retroceder en los logros conseguidos. Hemos de ser conocedores de lo realizado y normalizarlo para que no sean actuaciones excepcionales, pero, además, hemos de ser conscientes de los incumplimientos y de la vulneración sistemática de derechos hasta lograr que las personas con discapacidad logren la participación en la sociedad de forma plena y efectiva en condiciones de igualdad con las demás.

–¿Quiénes son los que están más desprotegidos?

–Sin duda, los que son más vulnerables por coincidir factores que provocan una discriminación múltiple. Es decir, junto a las situaciones de discriminación derivada de la discapacidad, pueden concurrir circunstancias que la agravan, como son ser mujer o niña, la ruralidad, el desempleo, pertenecer al colectivo LGTBI, la inmigración o la falta de estudios o formación, entre otros. Estas circunstancias dan lugar a la exclusión de la sociedad a personas en pleno siglo XXI.

–¿Cuál es el principal objetivo de este congreso?

–Propiciar un foro jurídico para intercambiar opiniones sobre distintos temas relacionados con la discapacidad tomando como eje el Derecho de la Discapacidad, se está asentando como una disciplina jurídica autónoma, caracterizada por la transversalidad. Prueba de ello es la selección de temas que se van a abordar que conectan con otras ramas del Derecho, como el Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Filosofía del Derecho, entre otros.

–¿Falta ayuda de las administraciones para las personas con discapacidad?

–Aunque cada vez más existen buenas políticas y planes, la Administración pública debe tomar conciencia de su responsabilidad. Además es una obligación prevista en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. y adoptar medidas inmediatas y efectivas hasta lograr la plena inclusión, para ello, por supuesto es necesario reforzar los recursos económicos.

–¿Qué debe hacer la sociedad para que las personas con discapacidad estén integradas totalmente?

–Estoy convencida de que en el momento en el que haya una buena formación e información la sociedad, que la formamos todas las personas, con y sin discapacidad, asumiremos la riqueza de la diversidad, erradicaremos estereotipos y prejuicios y comprobaremos que todos tenemos nuestro lugar.

–¿Por qué está usted tan implicada en cuestiones de igualdad e inclusión?

–Porque creo firmemente en que la inclusión social sí es posible. He tenido (y tengo) la suerte de trabajar con el movimiento asociativo, que me ha transmitido la realidad de las personas con discapacidad, unida a inquietudes, retos e ilusiones. He adquirido un compromiso personal y profesional que intento materializar continuamente. Considero que la verdadera inclusión social es un proceso, no una actuación aislada o esporádica, por lo que hay que transmitirla en todas las etapas del sistema educativo, siendo determinante la formación en la etapa universitaria. Afortunadamente, como profesora de Universidad puedo realizar la labor de formación que tanto reclamo. Además, a través de los proyectos y programas que he desarrollado en los que participan personas con y sin discapacidad, he podido comprobar que los principios contemplados en las leyes como son la accesibilidad universal, la no discriminación, o la igualdad de oportunidades se pueden llevar a la práctica y hacerlos evidentes e incuestionables.