Nino García-Royo declara que no fue advertido de «ninguna ilegalidad» en la concesión

Hoy, este exedil ha sido el protagonista indiscutible de la sesión del juicio por el caso Serrallo, durante la que ha declarado que no fue advertido de «ninguna ilegalidad» por el exdirector general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, en el proyecto del centro comercial que levantó Roberto García Arrabal.

Nada más empezar, el exconcejal, un inspector de Hacienda ya jubilado que también fue primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, ha admitido al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada que conocía a todos los encausados por el papel político municipal que jugó en su momento.

Asimismo, ha reconocido que tuvo enfrentamientos no con ciertas personas de su área sino con la mayoría. «Tuve enfrentamientos con casi todos mis colaboradores por la presión a los que los sometía», ha confesado, lo que ha provocado algunas risas entre los abogados y el público.

El exconcejal, más conocido como Nino García-Royo, ocupó el cargo entre 2003 y 2007, una etapa en la que promovió la gerencia de Urbanismo, pero en la que, ha puntualizado, no fue quien nombró al gerente, pues no era el responsable de esas designaciones. «No era decisión mía«, ha recalcado, sino de un órgano del Ayuntamiento.

García-Royo, a quien ha empezado interrogando el letrado de la acusación popular que ejerce VOX, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado que en su época gozaba de «una gran confianza con el alcalde» y consideraba su deber informarle de aquellos asuntos urbanísticos relevantes para la ciudad, fundamentalmente de las obras públicas. «Pero que yo le informara de esos temas no quiere decir que le informara minuciosamente de las obras importantes«, ha matizado.

Sobre su conocimiento de los convenios urbanísticos del Serrallo, ha admitido que no podía afirmar que conociera su contenido «estricto y puntual». Y menos aún, según ha agregado, del primero, que era anterior a su mandato. Lo que sí ha dejado claro es que pedía a sus funcionarios «que agilizaran al máximo la tramitación de los expedientes», pues con la especulación que había en aquella época, el retraso suponía «un incremento de costes».

El expolítico ha aclarado que el primer convenio del Ayuntamiento de Granada fue con la empresa City Grove. Se firmó en abril de 2002 y esta empresa, según el exedil, no realizó las obras porque decía que no le cuadraban los números «y no quería pagar absolutamente nada».

Finalmente fue la empresa de García Arrabal Inversiones Área Sur la que compró los terrenos y se encargó de la ejecución de las obras. Sobre cómo se gestó que el proyecto acabara en manos de este promotor, también acusado, ha dicho no poder asegurar que fuera a través del exdirector general de Urbanismo.

Nino ha explicado que García Arrabal fue a visitale en el año 2005 con un arquitecto para proponerle hacer «un parque infantil con seis o siete columpios» en el sistema general anexo al plan parcial del centro comercial, pues temía que en la zona se generase un «posible botellón».

«Aquella idea le pareció que podía ser oportuna y un servicio a prestar a la ciudadanía», ha expresado el testigo, que ha dejado claro que «en absoluto» participaba en la conformación del orden del día de la Junta de Gobierno Local. «No era yo quien llevaba el control», ha recalcado, sino los servicios de Urbanismo correspondientes. El exconcejal ha explicado que como portavoz de gobierno que era, tras las reuniones, solía dar ruedas de prensa, motivo por que el que prestaba «un poco más de atención» a determinados expedientes.

El momento más tenso de la sesión se ha vivido durante el interrogatorio al que ha intentado someter al testigo la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo. Intentado porque el presidente del tribunal no le ha permitido realizar preguntas sobre el contenido de una carta que escribió a su sucesora en el cargo advirtiéndole de determinadas cuestiones de funcionamiento del área que 'heredaba'.

El veto del magistrado, que ha parado todas las cuestiones relacionadas con este escrito ha provocado la protesta de la representante del ministerio público. Sobre esa carta, García-Royo ha aclarado que era un escrito para Nieto «personal» ante el relevo que se producía y ha considerado que con su filtración a los medios se invadió su «intimidad». En uno de esos interrogantes censurados, la fiscal preguntaba si le había advertido a la concejal del «control» que ejercía en el área el exdirector de obras Manuel Lorente, también acusado.

Ha sido a preguntas de la propia Isabel Nieto, que por su condición de jurista está ejerciendo su propia defensa y se sienta junto a los abogados del resto de procesados, cuando el exedil ha manifestado no recordar que Jacobo de la Rosa, exdirector general de Urbanismo, le advirtiera a él personalmente «de ninguna ilegalidad».

Otro de los testigos que ha comparecido hoy ha sido un ingeniero técnico industrial que participó en el proyecto de urbanización de 2010 y que ha avalado las alegaciones de las defensas. Entre ellas, que la tramitación de la concesión siempre se llevó «en el área de Obras» o que «la ordenanza consideraba los columpios como mobiliario urbano» y, por tanto, «no computaban» edificabilidad. Tampoco, a su juicio, la carpa desmontable de la pista de patinaje.