La muerte corrió más que la burocracia: fallece un paciente mientras esperaba un pacto para llevarlo de Granada a Madrid

Fueron sus hijas, que vivían en la capital de España, las que acudieron a la institución que dirige Francisco Fernández Marugán para que mediase en un conflicto que, visto desde fuera, parecía una obra de teatro del absurdo. El paciente había ingresado con toda urgencia en un centro hospitalario de Granada, donde residía solo, porque había sufrido una hemorragia digestiva. «El cuadro había derivado -detalla el Defensor- en una encefalopatía metabólica grave que anulaba su capacidad para valerse por sí mismo».

Como quiera que sus allegados vivían en Madrid, «y ante la proximidad del alta hospitalaria» una vez estabilizada su situación médica, sus hijas iniciaron los trámites para que llevasen al enfermo a un centro sanitario de la capital de España. Pero no hubo manera. «Aunque los hospitales concernidos de ambas comunidades autónomas contactaron entre ellos para coordinar el posible traslado, las administraciones sanitarias respectivas no asumían el coste de ese servicio. El informe médico provisional de alta del hospital de Granada señalaba que no era posible efectuar el alta porque necesitaba cuidados próximos en domicilio«, relata el informe del alto comisionado.

Fue entonces cuando terciaron las consejerías de sanidad de Andalucía y Madrid, que tampoco consiguieron resolver el deprimente embrollo. Aportaron posibles soluciones, cierto, pero eran diferentes y no llegaron a aplicarse. Es decir, que el enredo fue a más. «Ambas administraciones, en sus respuestas, señalaron que no eran responsables del traslado del paciente (…) En el caso de Andalucía, (…) indicaba que cabía la posibilidad de solicitar el ingreso del paciente en un centro residencial apropiado, a cuyo efecto era necesario coordinar esa medida con los servicios sociales. Por parte de la Comunidad de Madrid, se señalaba que, el hecho de que el paciente se hubiera empadronado en esa comunidad con posterioridad al ingreso hospitalario, no permitía aplicar la prestación de transporte sanitario», dice el informe.

Y no hubo más, porque, mientras se producía el debate, el Defensor supo que el paciente «había fallecido a las pocas semanas de plantearse la queja ante esta institución».

Fernández Marugán aclara que no hubo ninguna ilegalidad en este triste episodio, pero sí expresa su decepción por lo sucedido y su deseo de que el sitema mejore. «Los hechos (...) son indicativos de la inexistencia de unos protocolos de coordinación que permitan atender debidamente esta clase de situaciones, en las que un paciente puede requerir, por razones clínicas, ser trasladado a otra comunidad autónoma donde resida su núcleo familiar, que puede prestarle el apoyo y los cuidados.»