Movilidad no implantará la zona de bajas emisiones sin estudiar su impacto económico

La responsable dio cuenta de los avances realizados en los últimos meses después de que en verano confirmara que el nuevo equipo de gobierno no iba a poner en marcha restricciones a la movilidad en el Casco Histórico sin realizar previamente un diagnóstico de la situación. Según detalló a los grupos, la primera parte del análisis está ya finalizada. En concreto, los técnicos han recabado ya todos los datos sobre la contaminación que producen todos los tipos de vehículos que habitualmente se desplazan por la ciudad.

Se trata, como resaltó, de una información clave que permitirá a los operarios a la siguiente fase: el análisis del tipo de restricción que se puede aplicar para cumplir con la ley y, al mismo tiempo, evitar que la iniciativa suponga el hundimiento del pequeño comercio.

Agudo explicó que ese será el siguiente paso de los técnicos, que también llevarán a cabo un detallado informe de cómo podría afectar socioeconómicamente cada una de estas fórmulas a los negocios de la ciudad. Aunque la concejala no habló de fechas en ningún momento, de lo expuesto se sobreentiende que el proceso de estudio impedirá que la zona de bajas emisiones quede implantada, al menos en su fase inicial, antes de que termine el año. Para lograrlo, no solo deberían contar con el diagnóstico terminado en algo menos de dos meses y medio, sino que deberían tener ejecutados los más de diez proyectos que el Ayuntamiento tiene ahora mismo en licitación, tal y como consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La zona de bajas emisiones son áreas a las que solo pueden acceder aquellos vehículos que cumplan los requerimientos de emisiones. Se trata de una medida pensada para mejorar la calidad del aire, uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta Granada desde hace años.

Su aplicación no está limitada a la capital nazarí, sino que debe ser ejecutada en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes de todo el país. Responde a una directriz de la Unión Europea que forma parte esencial de una estrategia para favorecer la transición ecológica, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y apostar por tecnologías con un menor impacto en el medio ambiente.

La directriz ha sido asumida por todos los estados miembros de la Unión Europea y, en el caso de España, es de obligado cumplimiento después de la aprobación de la Ley de Cambio Climático, que establecía que la iniciativa debía ser implantada en todas las urbes desde el 1 de enero de 2023. Granada lleva 10 meses de retraso en la aplicación de unas restricciones que, en estos momentos, solo funcionan en tres de las principales capitales del país: Madrid, Barcelona y Sevilla.