La ley mordaza genera seis millones de euros en multas, la mayoría por fumar o tener cannabis

Cristóbal es un camarero de un bar ubicado en el barrio de la Plaza de Toros. «Nos estábamos fumando unos canutos en un parque y vinieron a identificarnos. A mí me dejaron sin tres o cuatro 'chinas' de chocolate y además me dijeron que me iban a sancionar por fumar en la vía pública y estar en posesión de droga. Meses después, me llegó una multa de la Subdelegación del Gobierno de 601 euros y el problema es que yo gano al mes 700 euros porque sólo trabajo cuando me llaman para hacerlo los fines de semana». El problema de este joven de 24 años es el mismo que se han podido encontrar durante el pasado año los receptores de 7.446 multas, la mayoría por el consumo de cannabis en la calle. Antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, se sancionaba con 300 euros por consumir o estar en posesión de pequeñas cantidades de droga e incluso se daba la oportunidad de no pagar si el sancionado se sometía a un cursillo antidroga, pero la nueva normativa duplicó hasta los 600 euros las multas y retiró la posibilidad de condonarlas mediante cursillos, salvo a los menores de 18 años. Únicamente se reduce el pago al 50% si se abona en los primeros quince días desde la recepción de la sanción.

El artículo más polémico de la ley mordaza es el 37.4 que desde julio de 2015 castiga como «falta leve» (multas de 100 a 600 euros) las «faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».

Un artículo que, en la práctica, faculta a cualquier agente nacional, autonómico o local a multar, sin mayor trámite, a un ciudadano por considerar que le ha despreciado y que, de facto, da veracidad a la versión del funcionario frente a la del supuesto infractor, que tiene que recurrir a un costoso trámite ante la Administración o la Justicia para evitar el embargo de su cuenta siempre y cuando no pague. Sólo el pasado año se emitieron 917 multas por valor de 182.204 euros, casi el doble de las registradas en 2016, cuando se extendieron 533 expedientes sancionadores por un montante de 92.200 euros.

Algunas de las sanciones por el artículo 37.4 de la ley mordaza se han convertido en paradigmáticas, por rozar casi el absurdo. Quizás el caso más conocido fue el de las denuncias en cascada a los internautas que en Facebook replicaron, le dieron un «me gusta» o hicieron comentarios jocosos al vídeo de un policía de Santiago de Compostela en evidente fuera de forma física intentado sin éxito atrapar a la carrera a un ciudadano en noviembre de 2016. En Granada, un miembro de Stop Desahucios también fue sancionado.

La resistencia o desobediencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también ha generado el triple de multas respecto a 2016 pasando de 79 a 248 sanciones con un montante de 147.144 euros. Y por último, el destrozo de mobiliario urbano también ha supuesto 313 sanciones y 187.512 euros en multas.