La moratoria sobre las multas de la ZBE impedirá cumplir las previsiones de ingresos

La cuestión volvió ayer a situarse en el foco del debate de los grupos municipales durante la comisión informativa de Economía. En respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, la responsable del área, Rosario Pallarés, reconoció que el retraso de la aplicación del régimen sancionador de la zona de bajas emisiones afectará a la partida de ingresos por multa prevista, que no alcanzará al final los 1,4 millones de euros que aparecen en el presupuesto aprobado por los populares.

La concejala, no obstante, quitó hierro a la situación y descartó que vaya a tener «consecuencias» para las cuentas municipales. Según dijo, «el análisis no hay que hacerlo ingreso a ingreso, sino a la gestión» y mostró su convencimiento de que, «aunque puede haber desviaciones positivas y negativas», en 2025 «cumplamos la ejecución presupuestaria bajando el remanente de tesorería y logrando el superávit que nos hemos planteado como objetivo». «Es pronto para decir que se ponen en peligro determinados gastos», añadió.

La portavoz de Vox reaccionó a las palabras de la edil, a la que recordó que su grupo ya solicitó en noviembre pasado la eliminación de la partida de multas. Sánchez lamentó que los populares introdujeran en el presupuesto una vía de ingresos procedente de las sanciones por la zona de bajas emisiones y cuestionó el cambio de rumbo del equipo de gobierno «ante la avalancha de alegaciones».

La comisión informativa de Economía sirvió también para conocer la situación actual de las arcas municipales, que muestran brotes verdes. Según detalló la responsable del área, el Consistorio cerró febrero con el periodo medio de pago a proveedores en 20,4 días. Este indicador, que mide el tiempo que suele tardar el Ayuntamiento en pagar sus facturas, se encuentra 10 días por debajo del límite legal y permite a Granada acumular ocho meses consecutivos de cumplimiento de las obligaciones contraídas en el plan de ajuste en esta materia.

Rosario Pallarés también sacó pecho en comisión por la situación actual del remanente de tesorería, un indicador que mide lo que quedaría en las arcas públicas si Granada cobrase todo lo que se le adeuda y abonara todo lo que tiene pendiente. Según detalló, en este momento el dato se sitúa en -10,5 millones de euros, una cantidad que la ciudad debía alcanzar en 2027 y a la que ha llegado con dos años de adelanto gracias a la mejora de los ingresos en el último ejercicio.

La concejala de Economía puso en valor el trabajo realizado por los técnicos del área y, aunque reconoció que la ciudad «aún no está en una situación boyante porque no tenemos un remanente positivo ni hemos pagado el crédito de 35 millones que pedimos en 2023 para actualizar el plan de ajuste», pero sí se encuentra en un escenario «distinto».