«Al sentirme sin libertad llegué a pensar en quitarme la vida»

«Fui a denunciar el robo de mi moto y fue cuando me detuvieron. De hecho, mandaron a una patrulla a por mí y me extrañó», recuerda. Cuando la arrestaron, ella lo único que preguntaba era «¿por qué?». La Guardia Civil solo le precisó, afirma, que estaba reclamada por un robo.

Al indicarle a la mañana siguiente que iba a prisión, Mirela pasó de estar perpleja a sentirse hundida en un pestañeo. «Sentí que se me había derrumbado toda la vida», expresa.

Y al verse dentro de la celda, temió que de ahí no saldría. «Al sentirme sin libertad llegué hasta a pensar en quitarme la vida». Estuvo en Albolote casi una semana. Fueron días «interminables», «largos», «horrorosos».

La primera noche presa, Mirela, que asegura que nunca había sido antes detenida (solo tiene una multa por tráfico), no pudo dormir, solo llorar. «En ningún momento creí que me iban a encarcelar, que me iban a llevar para Albolote».

En aquellos días cogió algo de confianza con la presa con la que compartía celda y también habló con el director, que le preguntó si estaba segura de que era inocente. Ella insistió en que nunca había estado en Palma de Mallorca, por lo que difícilmente podía ser autora de un robo allí. «Tampoco voy a ir ya a Palma de Mallorca», añade tajante.

Gracias a las gestiones que hizo el director y a que su abogada, Mercedes Fernández Fernández, no arrojó la toalla, Mirela volvió a respirar en libertad una semana después.

«Esto que ha ocurrido me ha hecho perder en casi todo el mundo la confianza», lamenta Mirela, que continúa sufriendo pesadillas pese a que ya han pasado tres meses desde que cruzó el umbral de la salida de prisión.

Mirela está muy agradecida a su letrada. «Gracias a ella estoy fuera de allí, porque se dio prisa». Y es verdad. La abogada se personó en el cuartel de la Guardia Civil para asistir a una requisitoria y se encontró allí 'el pastel'.

«Era un auto de busca y captura e ingreso en prisión de un juzgado de Palma de Mallorca», especifica. «Nosotros estamos acostumbrados a que nos mientan, pero yo siempre creí en la inocencia de Mirela, si no, no me hubiera involucrado, pues mi misión era cumplir con la ejecutoria», agrega.

El juzgado de Almuñécar solo tenía que dar cumplimiento a lo que se decía en ese auto, no era otra su competencia, según recalca la jurista, que luego comprobó que efectivamente «en una parte de la sentencia» dictada por el robo en las islas que su clienta no había cometido «venían los datos de la otra Mirela, que estaba casada con el otro encausado».

Pero en el encabezamiento de la sentencia y en el auto de la ejecutoria aparecían erróneamente los datos de la vecina de Almuñécar. Y ahí se enmarañó todo. «El error ya venía en el dictado de la sentencia, donde se hicieron constar expresamente sus datos de filiación pese a no ser ella», aclara Fernández, a quien, tras arduas gestiones para probar que se había encacelado a una inocente, la jueza de Palma de Mallorca que tramitaba el caso le pidió perdón y reconoció que lo sucedido se había debido «a un error informático».