Más de mil funcionarios de Justicia de Granada están llamados a la huelga indefinida

La primera jornada de esta nueva movilización será el lunes, 17 de abril, y supondrá la paralización de la actividad de este colectivo en sus respectivos juzgados entre las 10.00 y las 13.00 horas, una medida que vendrá a agravar, sin duda, la situación de atasco y sobrecarga generada por la huelga ya finalizada de los antiguos secretarios judiciales, hoy llamados Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Por esta anterior protesta de los LAJ, que finalizó tras lograr un ajuste retributivo de unos 450 euros brutos mensuales, se vieron afectados más de 2.500 actos procesales en la provincia y casi 1.700 juicios tuvieron que ser aplazados y reagendados.

Aunque los trabajadores de los juzgados comenzaron ya a pedir el año pasado al Ministerio de Justicia que se les tuviera en cuenta en los cambios legales que les afectarán de lleno (Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia), se podría decir que lo conseguido por los LAJ con su paro, iniciado el 24 de enero y que duró algo más de dos meses, ha terminado de prender la mecha.

Los funcionarios de justicia se dividen en tres grupos: los auxilios judiciales, los gestores procesales y los tramitadores. Constituyen el 95 por ciento de las plantillas de la Administración de Justicia. El resto son los jueces y magistrados, los fiscales y los médicos forenses, según detalla Nicolás Núñez, que es el coordinador del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

Núñez, que es además miembro del Comité de Huelga en Andalucía por parte de este sindicato -uno de los convocantes de la protesta con representación en la Mesa Sectorial- aclara que la huelga de los funcionarios no es exclusivamente una consecuencia de la que han protagonizado antes los LAJ, e insiste en que detrás está la Ley de Eficiencia Organizativa en Justicia (LEO).

Esta norma, indica, «supone una profunda transformación de lo que es la organización judicial» y un cambio radical, por tanto, en las condiciones de los trabajadores de la Administración de Justicia y de sus derechos. La nueva ley, que los sindicatos denuncian no se ha negociado con ellos, les afectará tanto en la movilidad como en otros muchos aspectos, incluidos los retributivos. No se garantizan tampoco, añade, ni las plantillas ni las funciones. «El peso de la Justicia recae sobre los funcionarios y el Ministerio nos tiene totalmente olvidados».

De acuerdo con la información facilitada por el coordinador del STAJ, las subidas salariales que reclaman los funcionarios judiciales son «430 para los médicos forenses, 400 euros brutos para los gestores procesales, 375 para los tramitadores y 350 para los auxilios».

Aunque los sueldos varían en función del órgano en el que estén destinados y del territorio (no se cobra lo mismo trabajando en un juzgado de Paz de un pueblo que en uno de Instrucción de una capital), en Granada ciudad el salario de un auxilio judicial ronda los 1.300 euros netos, mientras que un tramitador cobra unos 1.500 y un gestor, unos 1.700.

Aparte de los paros parciales diarios, los convocantes no descartan organizar concentraciones de forma paralela en las sedes judiciales. Y el miércoles próximo, como se ha indicado, todos los funcionarios están llamados a una jornada completa de huelga, durante la que se desarrollará una manifestación en Madrid.

Ya cientos de delegados sindicales de los trabajadores de los juzgados de toda España se manifestaron con pancartas este miércoles, 12 de abril, frente al Ministerio de Justicia, para pedir exigir funciones claras, retribuciones justas y la paralización y negociación de la LEO. La concentración paralizó la circulación en la calle San Bernardo de Madrid al grito de «no más funciones sin retribuciones».

También se ha unido a la convocatoria con posterioridad el Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), que es el mayoritario en Justicia en Granada y el segundo en Andalucía. «El objetivo es corregir los aspectos más negativos que contiene la Ley de Eficiencia Organizativa en Justicia, sobre todo en lo que que tiene que ver con la especialización del personal, la implantación de una relación de puestos de trabajo sin negociación y sin valoración de esos puestos, que para nosotros es esencial», explica el secretario estatal de Desarrollo Territorial del SPJ-USO, Javier Toro.

Otro de los motivos, como añade, es recuperar la proporcionalidad entre las retribuciones de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tras el reciente acuerdo alcanzado por parte del Ministerio con las asociaciones profesionales de los LAJ. «Debe de actualizarse después de 20 años sin hacerlo», apostilla. Junto a ello, Toro incide en que se hace necesario determinar y concretar las funciones de los funcionarios en base a la LEO, pues se les está haciendo «una delegación de facto» por parte de los LAJ.