El mayor asesino en serie de Granada agota la última vía para que lo absuelvan de un crimen

En 2001, asesinó a dos jóvenes en un bar de copas de la capital granadina e hirió a un tercero. Fue condenado a más de cuarenta años de cárcel.

En la Navidad de 2014, obtuvo un permiso penitenciario en el penal Madrid VI y no regresó.

Mientras estaba en busca y captura, volvió a las andadas. En mayo de 2015, acuchilló a un conocido en una plaza de La Zubia, localidad en la que el acusado se ocultaba. Un jurado popular, apoyándose principalmente en la declaración de una mujer que había mantenido una relación sentimental con J. A. M. B., lo declaró culpable de asesinato. Le cayeron 20 años de prisión, pero presentó un recurso y logró que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) calificase la agresión como homicidio, lo que conllevó dejar el castigo en 17 años de reclusión.

En aquel fallo, el TSJA recordó que los expertos que habían estudiado al reo habían llegado a la conclusión de que «tenía un diagnóstico compatible con un trastorno de personalidad de tipo antisocial con detección de psicopatía en grado alto, sin afectación alguna a sus funciones volitivas e intelectivas de forma que le impidiera o dificultara conocer la ilicitud de hechos». En otras palabras, que era un psicópata de libro y que estaba cuerdo cuando mató a la víctima.

Pese a haber conseguido que el Alto Tribunal Andaluz le rebajase la pena por el suceso de La Zubia, el encausado siguió pleiteando. Insistía en que era inocente, pero el Tribunal Supremo rechazó su apelación.

En teoría, el caso estaba definitivamente cerrado. Solo quedaba un pequeño resquicio para el acusado: el recurso de revisión, mecanismo legal extraordinario que solo se activa cuando aparecen evidencias nuevas que cuestionan la solución judicial de un crimen. «Tiene una naturaleza excepcional, al ser su objeto la revocación de sentencias firmes y pone en cuestión con ello la autoridad del principio de cosa juzgada. Supone, en consecuencia, un remedio límite para evitar el mantenimiento de los efectos producidos por el dictado de resoluciones injustas, cuando el error advertido implica la inculpabilidad de alguna persona, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad».

Pues bien, J. A. M. B., también ha agotado ahora esta última vía. El Supremo, en un auto de este mismo mes de abril, ha vuelto a desdeñar ahora sus planteamientos. En este sentido, los magistrados explican que el reo no ha aportado pruebas nuevas que pudieran hacer dudar de su culpabilidad, sino que ha expuesto lo mismo que ya dijo ante el propio Supremo, es decir, que la principal testigo mintió y que él fue «cogido como cabeza de turco (....)», argumentó sin éxito.