Las matronas alertan de la asistencia «ilegal» a partos en comunas de Granada

El primero de los dos casos se produjo en julio de 2019. Tras tres días de parto en casa, al no sentir movimientos fetales, la mujer de 36 años ingresó en un hospital granadino, donde se ratificó la «muerte fetal del neonato». Llevaba días con dolores. Se intentó determinar si estuvo asistida por una doula, pero no presentó denuncia, «más allá del reproche por el modo en que se pudieron desarrollar las cosas». Las profesionales del centro detectaron «mala praxis» y lo denunciaron al Colegio de Enfermería de Granada. Pero un juzgado de la provincia archivó el caso en 2023 al considerar que la madre «no tiene responsabilidad penal». Aun así, el informe forense no deja lugar a dudas: fue un parto «asistido en domicilio sin atención sanitaria reglada» que finalizó con «feto muerto intrauterino».

En un hospital diferente se registró en noviembre de 2018 el segundo de los dos casos de los que ha tenido constancia IDEAL. La embarazada, con 34 años y de 41 semanas, habría iniciado el parto en domicilio «con una matrona o doula» y tras varias horas acudió a Urgencias «por sospecha». Para entonces, llevaba más de 48 horas con la bolsa rota. Al parecer, había llevado el seguimiento en otro país europeo, habiendo visitado consultas granadinas solo en una ocasión. El resultado fue «feto muerto anteparto», según el informe. En este caso, tampoco hubo denuncia.

Hospitales granadinos han declarado no tener «constancia oficial de ningún caso en el último año». «Independientemente, se consideran embarazos sin seguimiento médico por voluntad de la madre», apuntó uno de ellos. Sin embargo, matronas granadinas aseguran que dos casos más habrían tenido lugar en el recién depedido 2024. «Aunque oficialmente nadie ha dicho que venían de esas comunas, todos lo saben. Una mujer llegó con un bebé muerto en una cesta y otra acudió porque había sangrado y ya no había bebé. O sea que sí hay casos nuevos y sí hay que hacer algo», reivindica una fuente hospitalaria, que recuerda que entonces «había un par de juicios abiertos en Órgiva por lesiones graves a bebés».

De confirmarse, estaríamos hablando de al menos cuatro bebés muertos en seis años por partos domiciliarios sin asistencia sanitaria reglada en la provincia.

El parto en casa está respaldado por la ley, «porque cada mujer tiene derecho a dar a luz como desee», pero requiere la atención de un médico o una enfermera especializada. La sanidad pública no lo cubre y en muy pocas clínicas privadas se ofrece la opción. Por norma general, «suelen ser matronas particulares las que asisten estos partos en casa y cobran una gran cantidad por ello que puede incrementarse según las exigencias de la madre». En cualquier caso, «sin un profesional cualificado, en España se considera ilegal por el gran riesgo que supone para la madre y el bebé», advierten desde la Asociación Andaluza de Matronas.

Una matrona tiene capacitación legal y académica de siete años de formación para «garantizar el bienestar maternofetal». Puede atender el parto de la semana 37 a la 41 si el embarazo no es de riesgo, y si lo es, trabaja con el resto del equipo médico. Pero una doula «no es profesional, sino una figura de acompañamiento, y no puede asumir ni decidir en cuestiones sanitarias». Su origen real está en América;luego pasó a los países del norte de Europa. Hoy, en Granada es posible formarse como tal en centros privados en la capital y también en una especie de 'templo' en la Alpujarra que se anuncia como escuela de partería posmoderna. Mujeres de toda Europa se dan cita allí cada otoño para formarse como 'cuidadoras de partos' durante nueve meses.

La oferta formativa no reglada como doula o partera preocupa a las matronas granadinas. Creen que es un factor que puede favorecer el aumento de partos domiciliarios sin asistencia sanitaria, lo que es «una barbaridad», y por lo tanto de bebés fallecidos. Consciente del «peligro»que supone para la salud pública, el Colegio Oficial de Enfermería de Granada se encuentra actualmente «valorando cómo se puede luchar haciendo la denuncia a la Fiscalía», ha confirmado a esta redacción.

En este contexto, el sector demanda «que se contraten más matronas en la sanidad pública para que pueda haber una en cada centro de salud». Aunque, según el organismo, el «problema» radica en que las madres que pierden así a sus bebés «no denuncian», puede que «por vergüenza, porque no quieren admitir que han tomado una mala decisión, o porque están convencidas de que tenía que ser así, de que ese era su destino».