Caso Marchelo: 'pinchazos', un piso de 340.000 euros, un cheque «estéril» y el Grupo K

El auto de este juez -antes que él hubo otros togados encargados de la investigación- revela intermediaciones presuntamente interesadas por parte del exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández, que acabó viviendo en un piso valorado en 340.000 euros, supuestamente cedido por el promotor de una de las actuaciones bajo sospecha: los bloques de Novosur. La vivienda está situada en la urbanización Altos de Vista Nevada de Armilla y en ella ya residía por lo visto cuando fue detenido el 5 de marzo de 2007.

En el marco de las diligencias del 'Marchelo' -que toma su nombre del pago El Marchal de Alhendín, donde se impulsó posteriormente el polígono Marchalendín- se practicaron durante diez meses escuchas telefónicas que, presumiblemente, serán claves a la hora de determinar si hubo o no un supuesto contubernio entre empresarios y aquellos políticos locales de Alhendín. No sería de extrañar que algunas defensas soliciten su nulidad en el juicio, pues, como indicó hace ya nueve años otro de los instructores que ha tenido el caso, aquellos 'pinchazos' permitieron a los agentes escuchar conversaciones «reveladoras». Aquel otro juez llegó a hablar en una resolución de 2009 del ingreso por el exedil de «cierto cheque». Ese cheque, cobrado en junio de 2006 por el exedil, era de 20.880 euros, pero quedó fuera de toda sospecha y «sobre tal línea de investigación el instructor consideró estéril profundizar». El motivo: «Pudo haber encontrado fácil justificación» atendiendo a la actividad profesional de la abogacía a la que se dedicaba el imputado, así como a otros cobros anteriores recibidos de la misma entidad y declarados fiscalmente.

Con este instructor coincide el actual en las supuestas infracciones urbanísticas apreciadas en los terrenos de Marchalendín por la empresa Parque Empresarial Alhendín (PEA) , fundada por varios de los empresarios investigados. Y también coincide en que existen indicios de que desde que en 2003 se constituyó el PEA «existía la promesa o compromiso por parte de los socios fundadores de la sociedad» que el entonces edil de Urbanismo «recibiera en el futuro una participación en la sociedad del 1,5%, a modo de comisión o corretaje por su intermediación en la operación». Presuntamente el ofrecimiento habría sido aceptado por el edil, pero no llegó a materializarse.

Otra de las supuesta ilicitudes que se atribuyen a los munícipes encausados es haber adecuado las clasificaciones de capacitación exigidas en el segundo concurso de las obras del Parque Municipal para adjudicarlas a una empresa concreta, de otro de los investigados, llamada TARJE. Se eliminó en concreto la clasificación del «Grupo K», la cual al parecer se concedía a empresas capacitadas para hacer cimentaciones especiales, túneles o aparcamientos subterráneos.

Todos estos detalles del caso no tienen aún la consideración de hechos acreditados. La tendrán si en un futuro, tras el juicio, así lo considera la Audiencia, que previsiblemente enjuiciará estos hechos.