Una madre de Granada logra una indemnización de 15.000 euros porque su hija se rompió un brazo en el colegio

La madre alegó que la caída de su hija se produjo durante el recreo desde un muro adyacente a la escalera de entrada al aula matinal al que podían acceder «libremente» los niños del centro, sin que ni el muro desde donde sufrió el accidente ni la escalera en cuestión dispusieran «de ninguna medida de seguridad» que pudiera evitar lo ocurrido. La menor sufrió la fractura del húmero izquierdo y precisó de varias cirugías.

Junto a ello, la progenitora atribuyó la caída de su hija a que en ese momento no había en el lugar «ningún maestro ni ninguna otra persona que se ocupase de la vigilancia de los niños», según consta en la resolución del Consejo Consultivo.

Esto último ha quedado descartado durante el proceso, pues del informe elaborado por la dirección del colegio se desprende que se cumplía con la ratio profesor-alumno exigido por la ley y que aquel día, el 27 de mayo de 2020, «había en total siete maestros vigilando a doce grupos» de alumnos.

Respecto a la falta de seguridad en las instalaciones, el informe elaborado por el Administrador Técnico de la Gerencia Provincial expone que si bien los escalones se ajustan a la normativa, «no ocurre lo mismo con el murete que delimita el rellano, que debería haber contado con un suplemento, barandilla o pasamanos de protección hasta una altura de 90-95 centímetros».

La madre mantiene que la pequeña no se cayó en las escaleras sino desde el murete mientras jugaba con otras compañeras, un relato que han corroborado las niñas que se encontraban con ella en ese momento y que es compatible con la gravedad de las lesiones que expone el perito en el informe médico que obra en el expediente.

A la vista de todo lo expuesto, el Consejo Consultivo de Andalucía considera acreditado que la caída de la menor se debió a la inexistencia de medidas de seguridad en el muro y recuerda que «el punto de partida de quienes utilizan un determinado servicio público es la legítima confianza en que la Administración ha adoptado las medidas que se establecen en la ley», por lo que ve responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cúllar Vega en este asunto y avala que indemnice a la pequeña en los más de 15.000 euros que reclaman sus padres.