Un lustro de un ingreso que cambia vidas

Sonia Salhi recuerda aquellos inicios. Entonces era la coordinadora de la asociación gitana Anaquerando. «Al principio fue muy complicado y fuimos las entidades sociales las que tuvimos que echar una mano», rememora. Afirma que se dieron ayudas sin verificar que luego los usuarios tenían que devolver, con las dificultades que eso suponía para un colectivo tan vulnerable. La tramitación, añade, sigue sin ser sencilla, pero aquella «locura inicial» pasó. Ahora, además, trabajan para que se conozca más sobre el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que forma parte del IMV pero se puede conceder de forma independiente y tiene unos criterios y umbrales de renta distintos.

Algo similar vivió María, trabajadora social en Granada Acoge. Ellos trabajan con población migrante y eso complica aún más la situación. Muchos desisten ante las complicaciones, indica. De hecho, apenas un 9% de las prestaciones de IMV de mayo de este año (los últimos datos que tiene registrados el Ministerio de Inclusión) son para población extranjera. En concreto, 2.301 de las 24.908 activas. Desde Granada Acoge explican que, por un lado está la gestión es compleja, pero que además se dan circunstancias estructurales de esta población. Por ejemplo, lo habitual es que varias familias compartan una misma vivienda. Cuando solicitan el IMV necesitan, por tanto, que un trabajador social certifique que no todos los que viven en esa casa son un mismo núcleo familiar. Es uno de los obstáculos. Otro es acreditar situaciones personales, como un divorcio. O tener que traducir documentos. Un trámite muy costoso para personas que en algunos casos no perciben nada. «Siendo una idea que desde las oenegés defendemos, todavía es chapucero. Hay que mejorar muchas cosas. Los expedientes tardan mucho y el trámite es muy tedioso», asegura. Desde su entidad, trabajan no sólo para acompañar a los usuarios sino también para intentar que no desistan. «Que no tiren la toalla a pesar de las dificultades», apunta.

El perfil de los beneficiarios se pueden ver analizando los datos. Pero hay una cuestión curiosa. Mientras que en el dato de miembros de familias que reciben este IMV los porcentajes de hombres y mujeres son casi mitad y mitad, en el número de titulares, es decir, de quién se encarga de hacer la solicitud, más de 70% son mujeres. Desde Cruz Roja, una de sus trabajadoras sociales apunta que esto suele ser habitual. Que son las mujeres las que tienen menos reticencias a la hora de acercarse a pedir ayuda a los servicios sociales, no sólo con este ingreso, sino casi con cualquiera. Esta entidad ha acompañado a más de 120 personas a realizar este trámite. Aunque informa a todos los usuarios de sus programas que tienen la opción de pedir este ingreso, siempre y cuando cumplan los requisitos. Algunos lo hacen de forma autónoma, pero a otros les resulta más seguro que la entidad les eche una mano. Coinciden con las otras entidades en que al inicio había desconocimiento e incertidumbre, pero aseguran que la gestión cada vez es más sencilla, también porque es una prestación que ya está más instaurada.

Las oenegés y las asociaciones no fueron las únicas que se pusieron manos a la obra. Desde la Diputación de Granada, entre otras, también arrimaron el hombro en su momento y lo siguen haciendo ahora. A lo largo de estos cinco años han apoyado la tramitación de 3.249 IMV en casi todos los municipios de la provincia. Vegas de Genil, Albolote, Fuente Vaqueros, Huétor Tájar, Iznalloz, Láchar, Montefrío y La Zubia concentran casi el 40% de las gestiones.

597 euros de media

Actualmente, en la provincia hay 76.116 beneficiarios de estas ayudas, de los que más de 30.000 son menores. La cuantía media por hogar es de 597 euros al mes, la más alta de Andalucía, donde de media se cobran 509 euros por familia. Gran parte de los beneficiarios no perciben el IMV completo, sino que cobran una parte que se suma a los ingresos que tienen por otras vías y les sirve para contar con una remuneración que les permitan tener una calidad de vida aceptable. Desde junio de 2020 se han invertido algo más de 579 millones de euros en el pago de este ingreso mínimo a los granadinos.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, resalta que la puesta en marcha de esta medida supuso un importante avance y puso a España al nivel de los países europeos más avanzados en derechos sociales. Destaca, especialmente, la utilidad que ha tenido para paliar la pobreza infantil. Y reconoce que es una herramienta nueva y por eso ha sido necesario mejorar su funcionamiento. Para ello, apunta Montilla, se ha contado en todo momento con la colaboración de entidades sociales y administraciones públicas. «Lo más importante es que se reconoce del derecho universal a que toda persona tenga unos ingresos mínimos para subsistir», indica, al tiempo que asegura que reduce desigualdades. «Es una respuesta justa y solidaria», sentencia.

Un lustro después de que los diputados que entonces componían el Congreso dieran luz verde a esta medida, muchas familias han visto en este ingreso una salida a situaciones de extrema vulnerabilidad. Las entidades afirman que aún quedan cosas por hacer. Pero comparten la idoneidad de que existan una vía para tratar de reducir las desigualdades. El punto de partida de cada persona marca en muchas ocasiones su camino y su destino. Una sociedad que impulsa a los que lo tienen más difícil acaba siendo, sin ninguna duda, una sociedad mejor.