La lucha por gestionar Granada desde Sevilla
El cambio en la gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el nuevo foco de la polémica por la centralización | La dirección del ente asegura que la medida no tendrá consecuencias, mientras los trabajadores temen que suponga la pérdida de empleos
Una nueva polémica se ha despertado en Granada a causa de los cambios que la Junta plantea llevar a cabo en la provincia. Tras las ... quejas por el cambio en la gestión de las cuentas del Parque de las Ciencias y la reordenación de los colegios que se estudia llevar a cabo en todo el territorio nazarí, ahora se ha sumado a los planes del Gobierno andaluza la modificación administrativa de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un hecho que los granadinos se han tomado como otro intento de la administración por llevar al centralismo sevillano sus instituciones.
Del futuro de la Escuela Andaluza de Salud Pública dependen 177 empleados que forman parte de la labor diaria que lleva a cabo esta institución que ha conseguido convertirse en un referente de la investigación sanitaria a nivel internacional. Lleva adelante 500 proyectos que engloban investigaciones, formaciones, docencia, cooperación internacional y un largo etcétera de actuaciones que han puesto a Granada en un lugar privilegiado del mapa científico mundial. Además, es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, así como miembro de las principales asociaciones internacionales de escuelas de salud pública y de gestión sanitaria.
El currículum de esta institución es extenso y, por eso, sus trabajadores temen por el futuro no solo de sus puestos de trabajo, sino los proyectos que allí se desarrollan. Pero desde la Junta aseguran que ningún cambio va a afectar a la escuela, sino que la modificación que se plantea es meramente administrativa y centrada en que deje de ser una sociedad anónima empresarial, como lo era hasta ahora, para ser convertida en una fundación englobada dentro de un órgano llamado Instituto Andaluz de Salud, que también albergaría la Fundación Progreso y Salud. Estos cambios dependen de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, cuyo desarrollo final se conocerá entre 18 meses y dos años, cuando se espera que los cambios se implanten. El portavoz popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, afirmó que se pueden hacer enmiendas y correcciones para lograr acoger las peticiones de los afectados y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya explicó que estos cambios se hacían únicamente para optimizar recursos y organizar las instituciones de la consejería. Los trabajadores, por su parte, no están tan seguros de que esto se vaya a quedar en un mero cambio administrativo.
«La Escuela ha dependido de la Consejería desde su creación»
Los nuevos planes que la Junta estudia implementar en la Escuela Andaluza de Salud Pública son, únicamente, cambios administrativos. Ni relacionado con sus proyectos, ni con su ubicación, ni con el personal que lleva a cabo las tareas que se emprenden en el lugar. Solo cambios administrativos. Así lo explica la directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Blanca Fernández Capel. Según indica, de salir adelante la proposición del PP, la única modificación que padecería la escuela se basaría en que pasaría de ser una sociedad anónima empresarial, como es actualmente, cuyo único accionista es la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a ser una fundación.
Fernández Capel quiere dejar claro que los temores de los trabajadores por la posibilidad de que la actividad de la escuela se vea afectada por el cambio o que sus empleos estén en peligro no tienen sentido, pues nada cambiará en el día a día de la actividad de la institución. «El único cambio es su paso de sociedad anónima a fundación, pero no cambiará nada de su gestión porque, desde su creación, siempre ha sido administrada y ha dependido de la Consejería de Salud de la Junta, en sus diferentes facetas, a través de un director gerente que se nombra desde la consejería. Pero nunca ha sido administrada desde Granada, así que eso no cambiar», incide la directora.
Según explica, este cambio no alterará la independencia de la escuela ni la modificación de sus funciones, contratos o convenios.
Los proyectos, las investigaciones, los máster y el resto de actuaciones que llevan a cabo dentro del centro se mantendrá si este cambio se lleva a cabo, según asegura la directora. «El personal no cambia, la escuela no se mueve de Granada y seguiremos manteniendo el mismo nombre, solo que pasaremos a ser una fundación que siga siendo gestionada por la Consejería. Pero seguiremos teniendo los mismos convenios y los mismos proyectos», explica Blanca Fernández Capel. Junto a esto explica que el trámite normal para que estos cambios se lleven a cabo puedan durar entre 18 meses y dos años.
Como muestra de que no existe intención alguna de erradicar esta escuela, Fernández Capel explica que en los últimos meses se ha ampliado su presupuesto en un 40%, aglutinando actualmente más de nueve millones en inversión.
«Esta medida se hace para intentar organizar la investigación y la docencia en Andalucía para buscar sinergias y que no haya organismos por aquí y por allí, sino que se aglutine todo en un mismo ente», incide la directora, que afirma que la Escuela Andaluza de Salud Pública reforzará aún más su papel docente.
«El cambio pone en riesgo el futuro de 450 proyectos y 77 empleos»
La Escuela Andaluza de Salud Pública no es solo investigación. Es formación, docencia, cooperación, desarrollo... En total, los trabajadores cifran los programas que realizan en distintos ámbitos relacionados con la salud en unos 500 que engloban áreas como la obesidad, la ludopatía, el cáncer, la violencia de género o vacunación, entre otros muchos. Y el miedo que tienen desde el comité de empresa es que este nuevo Instituto Andaluz de Salud que creará la Junta mantenga únicamente los programas de investigación –que asegura que apenas son 50 de este medio millar– y deje fuera el resto de materias que ha logrado aglutinar la escuela después de décadas de arduo trabajo.
«El cambio pone en riesgo el futuro de 450 proyectos y de los empleos relacionados con estos trabajos, que pueden ser, como poco 77, que son los más vulnerables. Es mucho lo que nos jugamos, por eso estamos tan preocupado», explica Almudena Milán, la presidenta del comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Millán asegura que no les han dado explicaciones de cómo se podría llevar a cabo estos cambios ni de qué forma afectará a su labor. Además, temen que esto pueda suponer una liquidación en cubierta de las plantillas y que muchos de los trabajadores de la escuela pierdan su trabajo cuando la escuela pase a ser una fundación.
«Podría suponer un fraccionamiento muy importante de esta actividad y de nuestras líneas de trabajo. La escuela está formada por 177 personas que ahora mismo tienen su futuro en el limbo», explica la profesional.
Además, los trabajadores dudan de si este cambio podría suponer que aquellos profesionales que se mantengan en su puesto de trabajo tengan que mudarse a Sevilla para realzar su labor allí, en el supuesto en el que la escuela se trasladase la capital andaluza, extremo que la dirección del centro ha negado rotundamente. «Son muchas las dudas que tenemos y muy pocas las respuesta», indice Almudena Millán.
«Si este cambio sucede, y Granada se queda sin la escuela, la provincia perdería una institución de prestigio, que atrae a gente de primer nivel internacional para difundir conocimiento. Una institución que genera riqueza local y cientos de puestos de trabajo», asegura Millán. A esto añade: «Granada se puede perder mucho si esto sigue adelante, y parece que no son conscientes de ello. Por eso queremos claridad, y que nos digan qué va a pasar con la escuela».
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