El litigio con Rober 'ahoga' al Ayuntamiento de Granada
El Consistorio apenas tiene fondos para pagar la factura del transporte hasta junio tras abonar en lo que va de año más de 11 millones de euros por sentencias desfavorables e intereses de demora
El litigio judicial con Rober ha acabado por ahogar las arcas municipales. En lo que va de 2022, el Ayuntamiento de Granada se ha visto ... obligado a pagar a la concesionaria de transportes más de 11 millones de euros por sentencias desfavorables e intereses de demora. La situación es tal que la cantidad recogida en el presupuesto para abonar el servicio de este año apenas da para hacer frente a las facturas emitidas por la compañía hasta junio pasado.
El origen del litigio se encuentra en los cambios realizados en el convenio en 2014 para la implantación de la línea de alta capacidad, la malograda LAC. Entonces se modificó la fórmula por la que la compañía y el Consistorio hacían las cuentas. Sin embargo, ya desde el inicio se produjeron diferencias entre las partes que acabaron llegando a los juzgados.
Rober impugnó las liquidaciones realizadas en los cuatro ejercicios siguientes. En tres de ellos, los tribunales les han acabado dando la razón y, según ha trasladado la Asesoría Jurídica este lunes, se espera que la decisión sobre el año 2018 sea la misma «dado que la sala tiene ya un criterio fijado».
Estas sentencias desfavorables han obligado al Consistorio a modificar los presupuestos y a mover partidas para hacer frente a las ejecuciones y a los intereses acumulados. La última vez ha sido este mismo lunes, cuando el equipo de gobierno ha traído un expediente para trasladar cerca de 900.000 euros de la partida de suministro eléctrico a la de transporte pública. La decisión, sin embargo, ha motivado un fuerte debate en la comisión.
Abstención de PP, UP y Vox
La concejala de Economía y Movilidad, Raquel Ruz, ha explicado que las previsiones actuales del coste del suministro energético municipal hacen viable la generación de crédito para pagar las sentencias de Rober.
Sin embargo, tanto PP como Unidas Podemos y Vox se han abstenido de apoyar la iniciativa al considerar que los fondos debían detraerse de otras partidas y no de la de electricidad dado el contexto actual.
El 'lío' con la luz da aire a Granada
Los problemas judiciales no solo se limitan a la concesionaria de transporte público. Afectan también a la relación con Endesa, suministradora de energía. Sorprendentemente, en este caso, el litigio ha acabado por beneficiar al Consistorio, que ha podido maniobrar para hacer frente a las sentencias de Rober.
La clave la ha aportado el propio interventor municipal, que ha explicado en la comisión informativa de Economía que el Ayuntamiento puede emplear parte de los fondos destinados a pagar la luz al estar judicializado el caso y no esperarse sentencia en uno o dos años.
Todo parte del fin del contrato de suministro eléctrico a comienzos de este año. Según ha explicado el técnico, tal y como establece la ley de Contratos del Sector Público, la concesión se prorrogó de manera automática.
La compañía, sin embargo, se negó y, basándose en la legislación sobre electricidad, se fue a la tarifa del último recurso y empezó a girar los recibos bajo otra marca. Esto fue rechazado por el Consistorio, que empezó a devolver las facturas al considerar que el contrato lo vincula con la marca originaria.
En estos momentos, la compañía ha reclamado judicialmente y el asunto se encuentra en los tribunales.
El popular Luis González ha sido explícito al hacer públicas sus «dudas» y ha cuestionado una maniobra que, a su juicio, no cuadra con la decisión del gobierno municipal de incrementar el presupuesto de la luz en abril pasado «para hacer frente al alza de precios». «O la imprecisión presupuestaria fue total al subir la factura o las previsiones no cuadran», ha dicho.
El concejal de la confluencia Paco Puentedura se ha mostrado especialmente beligerante. Ha criticado la «indecente gestión» del equipo de gobierno, «que no da ni para pagar las facturas de junio y deja tiritando la partida de este año». El edil ha señalado también a la oposición por apostar por el modelo privado, un sistema que considera «una verdadera ruina para la ciudad», y ha lamentado el efecto que está teniendo sobre los granadinos, «que tienen que pagar un billete cada vez más caro para disfrutar de un transporte peor mientras el gestor privado se llena los bolsillos y las líneas urbanas y metropolitanas se hacen la competencia de manera absurda».
La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha mostrado sus dudas y ha pedido información técnica de los motivos por los que se puede traspasar la partida.
Aunque el expediente ha salido adelante, los problemas se le acumulan al Consistorio. La asesoría jurídica ha informado este lunes de una nueva sentencia desfavorable. Se trata del fallo sobre la liquidación del año 2017. La 'roncha', en este caso, es de 1,5 millones de euros que tendrá que abonar el Ayuntamiento a la concesionaria.
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