«La Ley de Juventud propondrá ampliar la edad de voto a los 16 años»
La ministra aborda el acceso a la viviendao la salud mental,que están entre las principales inquietudes de los jóvenes ·
Son las once de la mañana del viernes cuando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llega a la redacción de IDEAL. Con un ... estilo sencillo y un tono cercano, pide, por favor, que no la traten de usted. Elige atender la entrevista en una parte de un despacho en el que hay distintas butacas para crear así un ambiente más «desenfadado». Anima a repreguntar «sin problema» con una sonrisa en el rostro todas las veces que sea necesario. Atiende –y empatiza– con cada una de las cuestiones sobre las preocupaciones e inquietudes de los jóvenes. Salud mental, pobreza infantil o negación de la violencia de género, sin olvidar el gran problema de acceso a la vivienda y las dificultades en la emancipación para la gran mayoría.
Justo el día en el que declaran ante el Tribunal Supremo dos empresarios granadinos vinculados supuestamente con el caso Cerdán por presuntos amaños de contratación pública, la ministra Sira Rego responde con determinación.
–¿No cree que los casos de corrupción hacen que los jóvenes estén desencantados con la política en general?
–Influye en los jóvenes, en quienes no lo son y en los que estamos en el Gobierno. La corrupción es una lacra para la democracia y nos muestra la necesidad de tomar decisiones y poner medidas drásticas. No solo juzgar a los corruptos y sacarlos de la esfera política, también hay que poner en marcha medidas, como una oficina de prevención de la corrupción o cambiar el marco legislativo y todo lo relacionado con la contratación pública. Poner el foco en las empresas corruptoras, que han estado en los últimos años en todas las tramas. Es necesario un cambio legislativo que prohíba que estas empresas puedan presentarse a un contrato público.
–Casi el 60% de los jóvenes españoles han experimentado problemas de salud mental en el último año, ¿qué se está haciendo desde el gobierno frente a esto?
–Trabajamos en dos vías distintas. Estamos elaborando una estrategia de salud mental con el Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental, la primera estrategia de prevención y erradicación del suicidio que pone especial atención a las personas más jóvenes. Hay que ir a las causas estructurales, al origen, que no es individual, sino estructural, social y económico. Hay que poner en marcha programas y políticas públicas que garanticen el empleo, la vivienda digna, la cobertura social y de derechos. Si lo garantizamos, resolvemos el origen de muchos elementos que causan ansiedad o depresión.
–El uso de las redes sociales desempeña un papel fundamental en la vida de los adolescentes. ¿Cree que se ha descontrolado su uso y que se debería prohibir a menores?
–Necesitamos una regulación del entorno digital, que tiene la ley de la selva en estos momentos. Está configurado para que determinadas multinacionales hagan caja a costa de los derechos de la infancia y la juventud, no tienen freno ni marco regulatorio. Se les ha ido de las manos a ellos. Estamos tramitando ya la ley de entornos seguros en el Congreso.
–¿A qué edad recomienda dar el móvil a los niños?
–Hay un informe hecho con expertos donde lo que se recomienda son tramos de uso. Lo adecuado es que los niños no tengan acceso a las pantallas hasta que no tengan 12 años y se establezca un control para que el uso sea gradual. El acceso abierto se contempla a edades mucho mas avanzadas.
–España es el país con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea. ¿Qué está haciendo su gobierno para reducir estas cifras?
–La tasa de pobreza infantil en nuestro país es demoledor e inaceptable para la cuarta economía de la UE. Necesitamos medidas mucho más ambiciosas. Hay actuaciones que se han puesto en marcha en países europeos y que funcionan, como la prestación universal por crianza, una prestación de 200 euros de los cero a los 18 años. Necesitamos medidas orientadas a resolverlo, así como un gran pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil.
–¿En qué punto se encuentra la ley de acogimiento de menores no acompañados?
–Estamos con la parte final de la aprobación del reglamento de aplicación la parte procedimental que tenemos que aprobar para poner en marcha las acogidas y traslado de los niños a la península. En la primera quincena de julio vamos a aprobar este reglamento y la propuesta de distribución de estos niños entre las comunidades autónomas, así como la financiación asociada. Desde el Estado nos vamos a encargar de financiar los traslados de los niños a las comunidades autónomas.

–¿Está trabajando el Ministerio de Juventud e Infancia en rebajar la edad para votar a los 16 años?
–Estamos trabajando en una Ley de Juventud que se ha hecho a través de un proceso participativo con entidades de todos los territorios. Hemos recogido las propuestas y una de las medidas que reclaman los jóvenes es más garantías de participación. Nos dicen que, si pueden trabajar, por qué no pueden votar. La Ley de Juventud propondrá ampliar la edad de voto a los 16 años.
–Según datos recientes, ha incrementado la negación de la violencia de género entre los jóvenes. ¿Le preocupa este aumento?
–Me preocupa cualquier retroceso en la percepción pública, pero hay que hacer algo con este dato. Hay que ver cómo nos aproximamos a los jóvenes y de qué manera ponemos el foco de acabar con todas las violencias contra las mujeres. El dato nos muestra un desafío. También es cierto que sigue siendo mayoritaria la cantidad de personas jóvenes que están convencidas de que hay que resolver la violencia contra las mujeres.
–¿De qué forma van a trabajar contra la violencia vicaria?
–Estamos abordando la reforma de la Ley de la Violencia contra la Infancia, trabajamos en su ampliación, va a ser la primera vez que se recoja tanto la violencia vicaria en una ley y las formas de abordarla en términos jurídicos e institucionales. Ponemos la perspectiva en la infancia. Los niños tienen que ser escuchados, creídos, necesitamos una justicia amigable con ellos.
–Una de las principales preocupaciones de los jóvenes es el acceso a la vivienda por la dificultades de emancipación. ¿Qué medidas e incentivos barajan no solo para el alquiler, también para la compra?
–Hemos registrado una ley para regular los alquileres turísticos y de temporada porque esto impacta directamente a la hora de encontrar una vivienda a precio asequible. Pero tiene que haber un pacto de país. No puede ser que el Gobierno se encargue de una reforma laboral y mejoras salariales, promover vivienda pública para bajar la burbuja especulativa para que luego las comunidades autónomas sean insumisas o los ayuntamientos no persigan los pisos turísticos ilegales y no tengan marco regulatorio local. Lo que haces por un lado, se pierde por otro. Debe haber coordinación entre las administraciones. En Cataluña se aplica el indice de zonas tensionadas, que ha reducido la burbuja especulativa. Parece que ese es el camino, las comunidades deben ser más ambiciosas.
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