Un jurado popular juzgará a la exalcaldesa de Órgiva por presunta malversación de fondos

Se trata de aclarar el supuesto uso irregular de fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), después de que el Ayuntamiento (en manos del PP desde 2019) detectara facturas sobre este programa por valor de más de 138.000 euros que no se llegaron nunca a ejecutar, lo que llevó a denuncia a la regidora.

Blanco señaló en su declaración en el Juzgado de Primera Instancia de Órgiva en diciembre de 2022 que no tenía la obligación de supervisar los materiales utilizados en las obras, cuestión que correspondía a un técnico municipal, que no tuvo ninguna sospecha de que las obras tuvieran destinos distintos a los previstos y que no hubo reparos en este asunto por parte de la intervención. «Ningún técnico puso ningún reparo nunca. Fui siempre la última en firmar y cuando tenía el visto bueno de todos los técnicos, en ningún caso encargaba o recepcionaba los materiales», apuntó la exregidora de Órgiva, que sostuvo que algunos quieren «ganar en los juzgados» lo que no han logrado en las urnas.

Según explicó el Partido Popular de la localidad el pasado mes de septiembre de 2022, se trata de una causa iniciada por el propio Ayuntamiento, gobernado hasta las elecciones municipales del pasado 28 de mayo por los populares, que había solicitado que se investigaran presuntas irregularidades económicas tras constatar el pago de facturas por un valor superior a los 138.000 euros, cuando la socialista María Ángeles Blanco era la alcaldesa de la localidad, «de materiales de obras públicas que no se emplearon en el municipio y por el que también está investigado un arquitecto del consistorio y dos exediles socialistas más».