Juzgan a la edil de Seguridad de Granada tras ser demandada por un policía local

El incidente, según el afectado, ocurrió el pasado 6 de abril en los momentos previos al inicio de la Carrera Memorial Padre Marcelino, cuya cobertura tuvieron que asumir los agentes por decreto, lo que, a su vez, había generado una situación «de conflicto laboral».

En este contexto, y como representante sindical, el agente en cuestión quiso dirigirse a los compañeros para recordarles la normativa. «Una vez llegado el pase de lista para la entrada en servicio, con todos los policías que iban a entrar de servicio presentes, e incluso algunos mandos», el demandante se dispuso a pronunciar unas palabras, pero se lo prohibieron «expresamente por orden de la señora concejala, señora Agudo» y del oficial que en aquel momento ejercía como jefe de la Policía Local.

Preguntada Agudo por este asunto, negó a IDEAL que existiera ninguna ilegalidad y que lo único que se hizo fue pedir al agente que pospusiera su alocución para más tarde. En cualquier caso, la concejala dijo que ella no tuvo «ninguna participación» en lo ocurrido.

Sea como fuere, el escrito ha sido admitido a trámite por un juzgado de lo Social de Granada, que, en consecuencia, ya ha señalado la fecha para la celebración de la vista.

Además de que la justicia reconozca que se violaron sus derechos fundamentales, el policía, que pertenece al Sindicato Independiente de la Policía Local de Andalucía (Sipan), reclama una indemnización de 25.001 euros por los daños y perjuicios que, según él, le produjo la conducta de la edil del PP y del mando. «La vulneración del derecho a la libertad sindical comporta una violación de los derechos a la no discriminación y dignidad del trabajador susceptible de indemnización (...) correspondiente a la sanción por infracción muy grave (...) Se propone una indemnización de 25.001,00 euros por la pérdida de autoestima y confianza en su labor sindical respecto de sus compañeros, que ha producido la situación de vulneración del derecho sindical tan deplorable que dolosamente se sufre por el trabajador. La cuantificación se realiza sobre la base de una existencia de una vulneración de su derecho sindical, lo que ha producido un menoscabo más que evidente en su reputación para con el resto de compañeros y la puesta en duda de su derecho sindical en forma pública», detalla la demanda presentada por el letrado Domingo Manuel Domingo Carrillo en representación del agente que se siente perjudicado por la actuación de las autoridades municipales.